OLP: operativos represivos de exterminio

Las masacres de la Paragua (6 asesinados, 10/06), Cariaco (9 asesinados, 11/16) y la de Barlovento (11/16) donde 12 personas fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes, no pueden consideraras como hechos aislados. Estos asesinatos han sido el producto de la institucionalización de la violencia y de las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la militarización de la seguridad ciudadana. Desde la puesta en práctica del “Operativo de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) más de 850 venezolanos según Provea han sido ejecutados extrajudicialmente. Victimas que han sido presentadas como “abatidos en enfrentamiento” en los partes de guerra a la opinión pública presentados por el general Gustavo González (egresado de la Escuela de las Américas), así como por el narco-general Néstor Reverol. Las redadas emprendidas bajo las OLPs han terminado convirtiéndose en operaciones de exterminio de jóvenes en zonas populares del país.

Con la llegada al poder del fachomilitarismo bolivariano (1998) se dio inicio a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional Bolivariana (DSNB) y del establecimiento del control militar del Estado que incluyó la militarización de la seguridad ciudadana. Pruebas de la aplicación de DSNB son la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo (Lodofat), la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) y más recientemente la puesta en ejecución de las OLPs. La Lodofat fue aprobada a fin de criminalizar y judicializar las luchas del movimiento estudiantil, popular y sindical venezolano. Por su parte el Cesppa constituye un organismo milico-policial que tiene por objeto unificar el flujo informativo sobre los aspectos estratégicos sensibles que estipule arbitrariamente el Estado. Por su parte las OLPs representan la demostración más fehaciente de la militarización de la seguridad ciudadana. Constituyen funestos operativos de exterminio en los cuales decenas de personas han sido aniquiladas a manos de efectivos de la pestilente bota militar y agentes de los cuerpos de seguridad.

Lamentablemente el anémico intelectual de Maduro le ha dado continuidad a la vieja visión maniquea del amigo-enemigo del nazista Carl Schmitt y su perverso terrorismo de Estado. Apela al uso de la fuerza militar para la defensa de la Patria contra un fantasioso “enemigo interno”. Bestialidad que los lleva a tipificar como enemigo interno a estudiantes, obreros, presuntos delincuentes, disidentes políticos, campesinos, o cualquier otro sujeto no afín con su barbarie. El régimen se comporta de manera muy similar a los regímenes autoritarios y a las dictaduras militares del siglo XX y XXI. Maduro y su pranato utiliza con rígida lógica militar la concepción de Schmitt para erosionar aún más el Estado de derecho y justificar la sistemática violación del derecho a la vida. Mientras los voceros del régimen “claman victorias” por el abatimiento de “peligrosos maleantes”, los familiares y testigos aseveran que los “abatidos” fueron en realidad detenidos sin que hubiesen hecho resistencia alguna y luego aparecieron en las morgues con signos de haber sido asesinados por disparos a corta distancia (quemarropa) y otros con muestras evidentes de haber sido torturados. Este es el caso de uno de las víctimas en la masacre de Barlovento a quien le fracturaron el cráneo producto de la tortura y mintieron al afirmar que la causa de la muerte había sido un ataque de epilepsia. Una muestra contundente de la vocación humanista que caracteriza a las soldadas y soldados de la patria del que tanto nos habla Padrino López (egresado también de la Escuela de las Américas).

La militarización de la seguridad ciudadana impuesta por el régimen es contraria a lo establecido en nuestra Carta Magna (CM) y en diversos tratados y convenios internacionales que establecen muy claramente el carácter civil de los órganos de seguridad ciudadana. Para nadie es un secreto que los integrantes de la Fuerza Armada Nacional (FAN) no disponen de capacitación alguna para realizar labores de seguridad ciudadana, muy al contrario, son formados para exterminar al enemigo.

Definitivamente, estamos en presencia de la tortura y de ejecuciones extrajudiciales amparadas por un Estado forajido las cuales han sido institucionalizadas por el régimen espurio y represor de Maduro. Las masacres de la Paragua, de Cariaco y de Barlovento tienen la misma impronta facha-asesina que los ajusticiamientos acaecidos en el Barrio San Vicente, de la ciudad de Maracay (5/08/15). Vale recordar que los artículos 43 y 55

de la CM consagran: la inviolabilidad del derecho a la vida, estableciendo además que ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla y la obligación de los cuerpos de seguridad del Estado de respetar “la dignidad y los derechos humanos de todas las personas”. Los éxitos de las OLPs no son más que (“body counts” al mejor estilo de los milicos colombianos) de inocentes ajusticiados por el Estado venezolano en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana.

Las declaraciones falaces del chafarote Padrino López eludiendo sus responsabilidades y desvinculado a la FAN de las torturas, desapariciones forzadas, y ajusticiamientos extrajudiciales cometidos por sus efectivos en Cariaco y Barlovento lo hacen cómplice y encubridor de estos crímenes. Su supuesto apego al respecto de los derechos fundamentales lo utiliza como coartada para ocultar sus directrices y las fechorías de sus subalternos.

En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana eliminar al enemigo interno -sea cual sea- no es un delito, es un mérito, es una labor patriótica bolivariana. La Paragua, Cariaco y Barlovento por mencionar las más recientes masacres así lo demuestran.

Narcocracia bolivariana

El término de narcoestado es un calificativo que se aplica a aquellos países cuyas instituciones se encuentran influenciadas o controladas por el narcotráfico, y cuyos dirigentes son tolerantes o están ligados a las redes del tráfico de drogas a nivel internacional, amparados por sus potestades legales. Son Estados forajidos en los cuales los gobiernos, per se, han tomado el control del narcotráfico no para erradicarlo, sino para patrocinarlo, ampararlo y desarrollarlo.

Un ejemplo emblemático de narcoestado es el Estado Venezolano (narcocracia bolivariana). La detención y posterior culpabilidad de Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas por el delito de conspirar para traficar con cocaína en los Estados Unidos han puesto en evidencia el verdadero rostro del narco-Estado venezolano. Ambos condenados confesaron en distintas grabaciones de la protección policial y militar con la que contaban para sus operaciones ilícitas, además de su experiencia en el mundo del narcotráfico tras varios años en el negocio de la cocaína. Al desnudo quedó que los narcos-sobrinos usaban pasaportes diplomáticos del gobierno venezolano para facilitar sus operaciones (inmunidad diplomática), que usaban el hangar de los aviones presidenciales del aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía para el transporte de la droga, y que contaban con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado para proteger sus narco-operaciones. Obviamente, estamos en presencia de una alianza “no santa”, entre el mundo narco y las instituciones del Estado venezolano.

Efraín y Francisco son unos buenos ejemplos del “hombre nuevo” que ha creado la barbarie fachobolivariana. Sujetos sin moral, oportunistas, quienes utilizan a la falaz revolución bolivariana como escudo para acumular dinero proveniente de la corrupción y el narcotráfico. Vale acotar que la defensa de los “angelitos Flores” estuvo en el orden de los 20 millones de dólares (6 abogados y 12 asistentes), honorarios que fueron canceladas por Wilmer Ruperti. Petro-estafador dueño de la compañía Global ShipManagement, vinculada comercialmente con Alex del Nogal quien purga condena en Italia por narcotráfico y con Rafael Ramírez ex ministro de Energía y Petróleo, ex presidente de PDVSA, y diplomático en la ONU recientemente investigado por cargos de corrupción por la Asamblea Nacional.

La narcocracia venezolana ha contado con la complicidad, no tan solo de altos jerarcas del régimen, sino además de la Fuerza Armada Nacional (FAN). Para nadie es un secreto de la existencia de un cartel conformado por miembros de la FAN, policias y dirigentes políticos de la nomenclatura bolivariana. Cartel “oficial” de drogas que opera en el Eje Arauca, Bolívar y Delta Amacuro, y ha desplazado a mentados carteles como los de La Guajira y la Costa colombiana. No hay que olvidar que más de la mitad de la cocaína que se produce en territorio colombiano pasa por Venezuela, para luego ser destinada a Estados Unidos, el principal mercado mundial de sustancias ilícitas, y a Europa. Prominentes figuras del mundo castrense han sido acusados de estar involucrados con ese cartel, entre muchos otros aparecen el general (R) Hugo Carvajal, exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el general (R) Henry Rangel Silva actual gobernador de Trujillo, el general (R) Luis Acosta Carlez exgobernador de Carabobo, el general Néstor Reverol actual ministro del Interior. Todos ellos han sido acusados de haber formado parte de la red de tráfico de cocaína dirigida por Walid Makled, vinculado al cartel mexicano de Sinaloa. Narcotraficante que también denunció que la Rampa 4 era el punto de salida “limpia” para los cargamentos de droga que llegó a hacer con anuencia de los militares que lo protegían. Igualmente, han sido asociados al narcotráfico Diosdado Cabello, José David Cabello y Tareck El Aissami. La llegada al poder del socialfascismo bolivariano, convirtió al Estado venezolano en el principal cartel de drogas del continente.

Llama la atención el mutismo presidencial luego de conocerse la condena de los narco-sobrinos y peor aún la complicidad del Ministerio Público, instancia que ha guardado un silencio sepulcral sobre el caso y no ha ordenado investigación alguna para que sean identificados, capturados y enjuiciados quienes estén vinculados a la narco-red de los Flores. No se le puede pedir peras al olmo.

Obviamente todas las narcocracias tienen sus amanuenses cómplices como el moderador de la narco-cloaca de La Hojilla, Mario Silva quien insiste al igual que Direct-TV Carreño, el chafarote Cabello y Héctor Rodríguez que los narcos sobrinos son unos “pobres e inocentes muchachos” que fueron víctimas de un secuestro y conspiración por parte del gobierno de la Casa Blanca. Poco les ha faltado a estos narcobandoleros declarar a estos hijos del comandante como “héroes de la revolución bolivariana” encarcelados en el “imperio mesmo”.

La Venezuela del siglo XXI se ha convertido en una narcocracia dirigida por una pestilente logia cívico-militar donde se trafica y comercializa la droga con total impunidad y con la complicidad de diversas instancias de poder. Venezuela es hoy el narco-paraíso del caribe.

Contradicciones, improvisaciones y errores

Luego de darse la primera cita del diálogo auspiciado por el régimen con la venia de la Santa Sede y de la Casa Blanca han surgido más preguntas que respuestas, así como una mayor incertidumbre en cuanto a una posible solución de la crisis política a corto plazo. Pareciera que la dirigencia política de la MUD se ha entrampado en un diálogo estéril que ha sido impuesto y manipulado por el régimen a su conveniencia.

Comencemos por señalar que fue irritante el lenguaje gobiernero que privó en la redacción del documento leído al finalizar el encuentro. La ausencia de un estilo equilibrado, objetivo y ponderado fue evidente. Igualmente, fue inaceptable que la MUD haya subscrito los considerandos presentes en el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica (sabotaje, boicot o agresión a la economía), con lo cual eximió de responsabilidades al propio régimen.

Además, el documento legitima la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al aceptar su dictamen de “desacato de la Asamblea Nacional (AN)”. Es el mismo TSJ el cual ha sido cuestionado y desconocido por la directiva de la AN. Su presidente Ramos Allup ha afirmado "Seguiremos desacatando todas las decisiones anti-constitucionales del régimen, de la Sala Inconstitucional y de la Sala Electoral del TSJ". Este inexplicable y contradictorio reconocimiento del TSJ ha implicado la desincorporación (por segunda vez) de los diputados por el Estado Amazonas y la posible realización de nuevas elecciones. Se ha aceptado de hecho la tesis gobiernera del fraude electoral sin que ello haya sido comprobado.

Inexplicablemente se incorporó en el documento el tema de la Guayana Esequiba, inciso no prioritario coyunturalmente. Pero lamentablemente se dejaron a un lado asuntos como el referéndum revocatorio (RR) y las elecciones de gobernadores previstos para el 2016. La impresión es que no habrá ni RR, ni regionales, ni nada en el 2016; el régimen sabe perfectamente que perdió el respaldo de la mayoría del electorado y por ende evade toda consulta electoral.

Es evidente que el fachochavismo se vale de formalidades democráticas (diálogo) para ganar tiempo y maquillar su rostro dictatorial. Logró trasladar la decisión anticonstitucional de suspender la ruta electoral a la mesa de diálogo. El régimen está empeñado en dificultar e imposibilitar cualquier evento electoral en el 2016, con la esperanza de lograr condiciones electorales más beneficiosas en el 2017.

El iletrado Maduro con el monólogo del Gran Meliá se ha maquillado de demócrata internacionalmente, pero tras bambalinas continua con su estrategia de aniquilar a la AN e imponer su agenda dictatorial. Así lo evidencian las recientes sentencias del bufete de Miraflores (entiéndase TSJ): i) ordenando a los miembros de la AN “abstenerse de continuar el inconstitucional, nulo e inexistente juicio político en contra del Presidente” y ii) prohibiendo convocar y realizar actos que “alteren el orden público, realizar instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones violatorias de los derechos constitucionales y del orden jurídico en general”. El régimen y su banda de maleantes seguirán jugando al diálogo, les conviene políticamente, pero simultáneamente consolidando su agenda dictatorial: más control social (CLAP) y represión (GN y grupos paramilitares), así como una mayor militarización de la sociedad (estado militarizado).

Por su parte la MUD equivocadamente abandonó la lucha de masas y su agenda parlamentaria a cambio de nada. Perdió la iniciativa política y luce sumida en su propio laberinto. Su estrategia se ha tornado difusa, improvisada, llena de contradicciones y errores. El único logro tangible del diálogo ha sido la liberación de Rosmit Mantilla. Lo demás son excusas retóricas, elucubraciones o malabarismos de payasos de circo de pueblo. De persistir la MUD en tan equivocado camino contribuirá a una mayor pérdida de la confianza, y al debilitamiento y desmoralización del movimiento opositor.

Sin embargo, una cosa es criticar a la dirigencia de la MUD y algo muy distinto es acusarlos de traidores, colaboracionistas o vendidos. Ello es inaceptable. Las alternativas políticas no se construyen sobre mentiras y mucho menos proponiendo aventuras fantasiosas basadas en falsas creencia como que Maduro está caído y que una marcha a Miraflores o sin retorno conducirá a su salida. Al margen de sus desaciertos y errores la MUD representa hoy por hoy la única organización que puede derrotar electoralmente al régimen como lo ha demostrado en el pasado.

No hay horizonte electoral y mucho menos solución a la crisis política a corto plazo. La MUD debe reorganizar su capital político con base una visión estratégica de mediano o largo plazo que le permita derrotar a Maduro y su barbarie.

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