Torturas, ejecuciones y desapariciones

La tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas como política de Estado tiene larga data en nuestro país. Durante la dictadura de Pérez Jiménez los presos políticos se les torturaba y asesinaba en la Seguridad Nacional. Con la llegada del bipartidismo Adeco-copeyano la DIGEPOL- DISIP, la PTJ, el SIFA, y los Teatros de Operaciones (TO) se convirtieron en tenebrosos centros de torturas y muertes. Fabricio Ojeda, Jorge Rodríguez, José Gregorio Rodríguez, y Victor Garcia Ucejo fueron algunos de los muchos luchadores sociales asesinados en nombre de la democracia. Otros como Andrés y José Pasquier, Víctor Soto Rojas, Donato Carmona, y Felipe Malaver fueron detenidos y desaparecidos para siempre. Caso emblemático fue el de Alberto Lovera detenido, asesinado y desaparecido por la DIGEPOL. Su cadáver con signos de tortura fue encontrado tiempo después por pescadores en la playa Mansa, municipio Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui.

Con la llegada de la peste militar bolivariana al poder (1998) las fuerzas militares y de seguridad del Estado han practicado la tortura y tratos crueles, así como ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática e impune. Estas prácticas perversas forman parte de la política de Seguridad Nacional Bolivariana ejercitada por el régimen contra la disidencia política, a los que denominan: enemigo interno (lenguaje del jurista Nazi Carl Schmitt). El humanismo bolivariano lejos de erradicar las aborrecibles prácticas del pasado las ha profundizado e institucionalizado. Ello ante el silencio cómplice o impuesto de la mayoría de los medios de comunicación social. 

Centros de reclusión como el SEBIN, la DIM y el CICPC son antros de perversidad donde se ejercita la tortura libremente. Además, hay que mencionar los centros clandestinos de detención (CCD), instalaciones secretas empleadas por el SEBIN y la DIM en colaboración con las bandas armadas del régimen donde se torturan a los detenidos. Prácticas como taparle la cabeza al detenido con una bolsa de plástico para producir asfixia, cubrir el cuerpo del apresado con colchonetas para luego golpearlo (no quedan marcas visibles), arrancarles partes del cabello (el helicóptero), aplicación de descargas eléctricas (la parrilla) y otras atrocidades más suelen practicarse como en las mazmorras de los regímenes de dictatoriales del Cono Sur del siglo pasado.

Además, el “humanismo bolivariano” ha introducido nuevas variantes en cuanto a las vejaciones a los detenidos: se les rapa el pelo y los uniforman como presos comunes. Asimismo, los someten a todo tipo de torturas psicológicas desde las amenazas de muerte hasta la llamada tortura blanca consistente en el confinamiento del detenido en condiciones infrahumanas en zonas aisladas, pintadas de blanco e iluminadas las 24 horas (la "Tumba" del SEBIN). En otras instancias los tratos crueles y degradantes a los reos constituyen la regla y no la excepción, como ocurre en la cárcel de Ramo Verde donde a los detenidos políticos se les lanzan excrementos fecales y orina, y se practican chequeos corporales vejatorios a los familiares de los presos obligándolos a desnudarse. Pero además hay graves denuncias de jóvenes salvajemente golpeados y hasta violados por Guardias Nacionales durante las razias del 2014. Otro rasgo siniestro de la barbarie bolivariana ha sido las desapariciones forzadas como expresión de un amplio catálogo de prácticas violatorias de los derechos humanos. Todo ello con la complicidad nauseabunda del defensor del pueblo, fiscales del ministerio público, jueces, y de la misma nomenclatura facho-bolivariana.

Todas estas violaciones a los derechos humanos ocurren no obstante de que el artículo 46 de nuestra Carta Magna reconoce el derecho humano a no ser objeto de torturas y a tal efecto indica: “Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, el régimen bolivariano aprobó la Ley Especial Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (2013), la cual establece en su artículo 17: que el funcionario público que lesione a un ciudadano que se encuentre bajo su custodia en su integridad física, psíquica o moral, con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión, será sancionado con la pena de 15 a 25 años de prisión. Adicionalmente, Venezuela ha ratificado las Convenciones contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de la OEA. 

Gracias al ejemplar “humanismo bolivariano” Araminta González torturada en los calabozos del CICPC padece de serios quebrantos de salud mental, cerca de 850 personas han sido asesinadas en las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), entre ellas las masacres de Tumeremo, Barlovento, y Cariaco, y más de 10 ciudadanos han sido víctimas de desapariciones forzadas incluyendo el luchador social Alcedo Mora. Todo indica que los chafarotes y esbirros del régimen seguirán torturando, asesinando y desapareciendo a cuanto venezolano disidente se oponga a sus designios en nombre de la “robolución” y su “humanismo bolivariano”.

OLP: operativos represivos de exterminio

Las masacres de la Paragua (6 asesinados, 10/06), Cariaco (9 asesinados, 11/16) y la de Barlovento (11/16) donde 12 personas fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes, no pueden consideraras como hechos aislados. Estos asesinatos han sido el producto de la institucionalización de la violencia y de las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la militarización de la seguridad ciudadana. Desde la puesta en práctica del “Operativo de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) más de 850 venezolanos según Provea han sido ejecutados extrajudicialmente. Victimas que han sido presentadas como “abatidos en enfrentamiento” en los partes de guerra a la opinión pública presentados por el general Gustavo González (egresado de la Escuela de las Américas), así como por el narco-general Néstor Reverol. Las redadas emprendidas bajo las OLPs han terminado convirtiéndose en operaciones de exterminio de jóvenes en zonas populares del país.

Con la llegada al poder del fachomilitarismo bolivariano (1998) se dio inicio a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional Bolivariana (DSNB) y del establecimiento del control militar del Estado que incluyó la militarización de la seguridad ciudadana. Pruebas de la aplicación de DSNB son la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo (Lodofat), la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) y más recientemente la puesta en ejecución de las OLPs. La Lodofat fue aprobada a fin de criminalizar y judicializar las luchas del movimiento estudiantil, popular y sindical venezolano. Por su parte el Cesppa constituye un organismo milico-policial que tiene por objeto unificar el flujo informativo sobre los aspectos estratégicos sensibles que estipule arbitrariamente el Estado. Por su parte las OLPs representan la demostración más fehaciente de la militarización de la seguridad ciudadana. Constituyen funestos operativos de exterminio en los cuales decenas de personas han sido aniquiladas a manos de efectivos de la pestilente bota militar y agentes de los cuerpos de seguridad.

Lamentablemente el anémico intelectual de Maduro le ha dado continuidad a la vieja visión maniquea del amigo-enemigo del nazista Carl Schmitt y su perverso terrorismo de Estado. Apela al uso de la fuerza militar para la defensa de la Patria contra un fantasioso “enemigo interno”. Bestialidad que los lleva a tipificar como enemigo interno a estudiantes, obreros, presuntos delincuentes, disidentes políticos, campesinos, o cualquier otro sujeto no afín con su barbarie. El régimen se comporta de manera muy similar a los regímenes autoritarios y a las dictaduras militares del siglo XX y XXI. Maduro y su pranato utiliza con rígida lógica militar la concepción de Schmitt para erosionar aún más el Estado de derecho y justificar la sistemática violación del derecho a la vida. Mientras los voceros del régimen “claman victorias” por el abatimiento de “peligrosos maleantes”, los familiares y testigos aseveran que los “abatidos” fueron en realidad detenidos sin que hubiesen hecho resistencia alguna y luego aparecieron en las morgues con signos de haber sido asesinados por disparos a corta distancia (quemarropa) y otros con muestras evidentes de haber sido torturados. Este es el caso de uno de las víctimas en la masacre de Barlovento a quien le fracturaron el cráneo producto de la tortura y mintieron al afirmar que la causa de la muerte había sido un ataque de epilepsia. Una muestra contundente de la vocación humanista que caracteriza a las soldadas y soldados de la patria del que tanto nos habla Padrino López (egresado también de la Escuela de las Américas).

La militarización de la seguridad ciudadana impuesta por el régimen es contraria a lo establecido en nuestra Carta Magna (CM) y en diversos tratados y convenios internacionales que establecen muy claramente el carácter civil de los órganos de seguridad ciudadana. Para nadie es un secreto que los integrantes de la Fuerza Armada Nacional (FAN) no disponen de capacitación alguna para realizar labores de seguridad ciudadana, muy al contrario, son formados para exterminar al enemigo.

Definitivamente, estamos en presencia de la tortura y de ejecuciones extrajudiciales amparadas por un Estado forajido las cuales han sido institucionalizadas por el régimen espurio y represor de Maduro. Las masacres de la Paragua, de Cariaco y de Barlovento tienen la misma impronta facha-asesina que los ajusticiamientos acaecidos en el Barrio San Vicente, de la ciudad de Maracay (5/08/15). Vale recordar que los artículos 43 y 55

de la CM consagran: la inviolabilidad del derecho a la vida, estableciendo además que ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla y la obligación de los cuerpos de seguridad del Estado de respetar “la dignidad y los derechos humanos de todas las personas”. Los éxitos de las OLPs no son más que (“body counts” al mejor estilo de los milicos colombianos) de inocentes ajusticiados por el Estado venezolano en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana.

Las declaraciones falaces del chafarote Padrino López eludiendo sus responsabilidades y desvinculado a la FAN de las torturas, desapariciones forzadas, y ajusticiamientos extrajudiciales cometidos por sus efectivos en Cariaco y Barlovento lo hacen cómplice y encubridor de estos crímenes. Su supuesto apego al respecto de los derechos fundamentales lo utiliza como coartada para ocultar sus directrices y las fechorías de sus subalternos.

En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana eliminar al enemigo interno -sea cual sea- no es un delito, es un mérito, es una labor patriótica bolivariana. La Paragua, Cariaco y Barlovento por mencionar las más recientes masacres así lo demuestran.

Narcocracia bolivariana

El término de narcoestado es un calificativo que se aplica a aquellos países cuyas instituciones se encuentran influenciadas o controladas por el narcotráfico, y cuyos dirigentes son tolerantes o están ligados a las redes del tráfico de drogas a nivel internacional, amparados por sus potestades legales. Son Estados forajidos en los cuales los gobiernos, per se, han tomado el control del narcotráfico no para erradicarlo, sino para patrocinarlo, ampararlo y desarrollarlo.

Un ejemplo emblemático de narcoestado es el Estado Venezolano (narcocracia bolivariana). La detención y posterior culpabilidad de Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas por el delito de conspirar para traficar con cocaína en los Estados Unidos han puesto en evidencia el verdadero rostro del narco-Estado venezolano. Ambos condenados confesaron en distintas grabaciones de la protección policial y militar con la que contaban para sus operaciones ilícitas, además de su experiencia en el mundo del narcotráfico tras varios años en el negocio de la cocaína. Al desnudo quedó que los narcos-sobrinos usaban pasaportes diplomáticos del gobierno venezolano para facilitar sus operaciones (inmunidad diplomática), que usaban el hangar de los aviones presidenciales del aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía para el transporte de la droga, y que contaban con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado para proteger sus narco-operaciones. Obviamente, estamos en presencia de una alianza “no santa”, entre el mundo narco y las instituciones del Estado venezolano.

Efraín y Francisco son unos buenos ejemplos del “hombre nuevo” que ha creado la barbarie fachobolivariana. Sujetos sin moral, oportunistas, quienes utilizan a la falaz revolución bolivariana como escudo para acumular dinero proveniente de la corrupción y el narcotráfico. Vale acotar que la defensa de los “angelitos Flores” estuvo en el orden de los 20 millones de dólares (6 abogados y 12 asistentes), honorarios que fueron canceladas por Wilmer Ruperti. Petro-estafador dueño de la compañía Global ShipManagement, vinculada comercialmente con Alex del Nogal quien purga condena en Italia por narcotráfico y con Rafael Ramírez ex ministro de Energía y Petróleo, ex presidente de PDVSA, y diplomático en la ONU recientemente investigado por cargos de corrupción por la Asamblea Nacional.

La narcocracia venezolana ha contado con la complicidad, no tan solo de altos jerarcas del régimen, sino además de la Fuerza Armada Nacional (FAN). Para nadie es un secreto de la existencia de un cartel conformado por miembros de la FAN, policias y dirigentes políticos de la nomenclatura bolivariana. Cartel “oficial” de drogas que opera en el Eje Arauca, Bolívar y Delta Amacuro, y ha desplazado a mentados carteles como los de La Guajira y la Costa colombiana. No hay que olvidar que más de la mitad de la cocaína que se produce en territorio colombiano pasa por Venezuela, para luego ser destinada a Estados Unidos, el principal mercado mundial de sustancias ilícitas, y a Europa. Prominentes figuras del mundo castrense han sido acusados de estar involucrados con ese cartel, entre muchos otros aparecen el general (R) Hugo Carvajal, exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el general (R) Henry Rangel Silva actual gobernador de Trujillo, el general (R) Luis Acosta Carlez exgobernador de Carabobo, el general Néstor Reverol actual ministro del Interior. Todos ellos han sido acusados de haber formado parte de la red de tráfico de cocaína dirigida por Walid Makled, vinculado al cartel mexicano de Sinaloa. Narcotraficante que también denunció que la Rampa 4 era el punto de salida “limpia” para los cargamentos de droga que llegó a hacer con anuencia de los militares que lo protegían. Igualmente, han sido asociados al narcotráfico Diosdado Cabello, José David Cabello y Tareck El Aissami. La llegada al poder del socialfascismo bolivariano, convirtió al Estado venezolano en el principal cartel de drogas del continente.

Llama la atención el mutismo presidencial luego de conocerse la condena de los narco-sobrinos y peor aún la complicidad del Ministerio Público, instancia que ha guardado un silencio sepulcral sobre el caso y no ha ordenado investigación alguna para que sean identificados, capturados y enjuiciados quienes estén vinculados a la narco-red de los Flores. No se le puede pedir peras al olmo.

Obviamente todas las narcocracias tienen sus amanuenses cómplices como el moderador de la narco-cloaca de La Hojilla, Mario Silva quien insiste al igual que Direct-TV Carreño, el chafarote Cabello y Héctor Rodríguez que los narcos sobrinos son unos “pobres e inocentes muchachos” que fueron víctimas de un secuestro y conspiración por parte del gobierno de la Casa Blanca. Poco les ha faltado a estos narcobandoleros declarar a estos hijos del comandante como “héroes de la revolución bolivariana” encarcelados en el “imperio mesmo”.

La Venezuela del siglo XXI se ha convertido en una narcocracia dirigida por una pestilente logia cívico-militar donde se trafica y comercializa la droga con total impunidad y con la complicidad de diversas instancias de poder. Venezuela es hoy el narco-paraíso del caribe.