Crónica de una oportunidad desperdiciada

Entre el 29 y el 30 de julio, los sectores populares de Venezuela protagonizaron masivas movilizaciones en rechazo al fraude electoral y al irrespeto de la voluntad popular expresada el 28/7, perpetrados por Maduro y su cúpula militar.

El régimen quedó sorprendido por la magnitud, extensión territorial y perfil socioeconómico de las protestas. El aparato represivo de Maduro, torpe e inicialmente desbordado, se mostró incapaz de contener unas manifestaciones que brotaban con fuerza y espontaneidad en todo el país. La naturaleza inesperada de estas movilizaciones superó la capacidad de respuesta inmediata de las fuerzas represivas. Sin embargo, estas protestas no llegaron a convertirse en una verdadera insurrección popular que hubiese permitido hacer valer el resultado electoral del 28/7. A pesar de que existían condiciones objetivas (desempleo, inflación, hambre, corrupción, ausencia de libertades) y subjetivas (el fraude como detonante, la esperanza de cambio), la dirigencia opositora optó por redactar proclamas triunfalistas en lugar de asumir la conducción política del movimiento libertario en las calles. Así, se dilapidó una coyuntura histórica, se dejó pasar la oportunidad de materializar la voluntad popular, y se desvaneció la posibilidad de un nuevo despertar democrático.

La ausencia de dirección política y organizativa permitió al régimen aplastar brutalmente las protestas. La respuesta represiva se saldó con el asesinato de 28 jóvenes y la detención de más de 2.000 personas, incluyendo un elevado número de menores de edad, mujeres y líderes sociales. Calificados como “terroristas”, muchos de los detenidos han sido sometidos a torturas físicas y psicológicas, además de enfrentar juicios arbitrarios sin garantías. Maduro y sus militares impusieron un régimen de terror sistemático: un terrorismo de Estado que sembró miedo, dolor y muerte.

La esperanza de un cambio político, especialmente en los sectores populares, ha comenzado a diluirse. La represión, la intimidación y la violencia han erosionado el espíritu de resistencia de quienes, apenas días antes, habían depositado sus anhelos en una salida democrática el 28/7. Donde germinaba la esperanza, hoy domina el miedo.

Pretender convertir el 10 de enero de 2025 —fecha simbólica de la juramentación presidencial— en un punto de inflexión es un grave error. La hipótesis de que Edmundo González asumiría ese día la presidencia ha sido una de las más infundadas (TalCual, 31/10/2024); de hecho, es posible que nunca lo haga. Esta narrativa, alimentada por sectores fanatizados de la oposición y por opinadores que lucran con la explotación de la esperanza, ha terminado por favorecer a Maduro, entregándole una victoria política sin costo. Una vez más, se cultiva una falsa ilusión que solo genera frustración y desmovilización entre quienes aún anhelan un verdadero cambio.

Ha llegado el momento de diseñar una estrategia postelectoral realista y coherente, orientada a la construcción de un nuevo movimiento político: amplio, plural e inclusivo. Un movimiento alejado de los hiperliderazgos mesiánicos y capaz de representar la diversidad de voces que conforman la Venezuela democrática. Esta estrategia debe anclarse en la defensa irrestricta de la Constitución Nacional, en la lucha por los derechos sociales y en la liberación de los presos políticos, hoy criminalizados e invisibilizados tanto por el régimen como por una dirigencia opositora desconectada.

La tarea no será fácil, pero es el único camino posible para desmantelar el régimen de facto que representará Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2025.

Escenarios y expectativas poselectorales

Tras la aplastante derrota electoral del pasado 28 de julio, Nicolás Maduro se ha atrincherado en Miraflores como un náufrago aferrado a su último salvavidas: la represión. Escudado tras su criminal maquinaria autoritaria y su aparato propagandístico de corte goebbeliano, intenta que los venezolanos "pasemos la página del 28/7", que desconozcamos esa verdad. En su falaz narrativa postelectoral, celebra un supuesto triunfo y repite sus engañosas promesas de reactivar la economía, abaratar el costo de la vida, reducir la corrupción y controlar la hiperinflación que ha pulverizado el poder adquisitivo del pueblo. Todos sabemos que Maduro miente; para él, mentir es casi un reflejo natural, como ladran los perros o cantan los gallos. Su única verdad es su obsesión por perpetuarse en el poder.

Pero ¿significa esto que el madurismo continuará destruyendo al país en los próximos seis años? Para entender el destino de este régimen agónico, es importante analizar los posibles escenarios que podrían presentarse en los próximos meses. Un primer escenario sería el reconocimiento de su fracaso electoral del 28 de julio. Sin embargo, dada la impronta antidemocrática del proyecto madurista y los milicos que lo apoyan, esto parece muy poco probable, o tal vez imposible. Por ello, el régimen se aferra al desconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio y ha respondido con terror y represión, encarcelando a más de 2,000 ciudadanos, incluyendo mujeres y menores de edad, y asesinando a 24 venezolanos. Para el madurismo, las elecciones no son más que una coreografía cuidadosamente ensayada cada seis años, diseñada para darse un baño de “legitimidad democrática” que le permita mantenerse en el poder.

El segundo escenario sería una implosión interna, en el que sectores claves del poder, como los militares, decidan respetar la voluntad popular expresada el 28/7, la constitución y restablecer el orden democrático. Lamentablemente, Maduro ha sabido comprar lealtades en el mundo militar mediante privilegios y prebendas. La corrupción ha penetrado la institución armada como una metástasis maligna, extendiéndose insidiosamente a lo largo de sus estructuras y socavando su integridad desde dentro. Tristemente, la Fuerza Armada Nacional, se ha transformado en una guardia pretoriana que responde a los intereses del inquilino de Miraflores. Esa soldadesca, lejos de proteger con las armas de la Republica a su pueblo, se ha transformado en un instrumento de represión, torturas y muerte. Sin embargo, no puede descartarse que ciertos sectores dentro de la FAN puedan, en algún momento, romper con esta cadena de complicidad. El descontento en la oficialidad media, ajena a los privilegios del generalato, podría convertirse en el catalizador de un cambio desde dentro, si deciden hacer respetar la voluntad popular expresada el 28 de julio.

El tercer escenario, aunque no es el más deseado, surge como el más probable: Maduro sobrevive políticamente a pesar de los múltiples desafíos internos y externos, y es investido como presidente el próximo 10 de enero. Ello, a pesar de que el régimen carece del apoyo popular, se encentra aislado internacionalmente y muestra signos de fisuras internas, aún cuenta con los mecanismos represivos y el control de las instituciones que le permitirán mantenerse en el poder. Esta investidura representaría la instauración de un régimen de facto que se sustentaría en la coacción y la represión. 

No obstante, la falta de apoyo popular, la carencia de legitimidad de origen, una economía devastada y un despiadado terrorismo de Estado, junto con factores externos -desconocimiento de su fraudulenta victoria y aislamiento internacional- harán que la gobernabilidad de Maduro sea insostenible. Podrán intensificar la represión, pero ello no resolverá la crisis subyacente que corroe al proyecto dominante. Maduro está atrapado en una espiral descendente; si bien su desmoronamiento será lento, las fuerzas que lo erosionan continuarán avanzando de manera inexorable hasta un colapso total.

Determinar cuánto tiempo más se prolongará la agonía de este régimen dentro de este tercer escenario es un enigma. No existen certezas absolutas, y cualquier predicción podría resultar fallida, ya que la dinámica política en Venezuela está sujeta a múltiples factores impredecibles que podrían acelerar o prolongar el colapso del madurismo. Centrar las expectativas de cambio en torno al 10 de enero, como algunos sectores de la oposición están generando, es un craso error. Es reeditar las viejas tácticas cortoplacistas y del todo o nada que solo han generado desilusiones, frustración y desmoralización. Si bien existen escenarios probables de un cambio política para esa fecha, no hay garantías de que suceda exactamente para esa fecha. 

Es fundamental resaltar que, si la salida de Maduro no se materializa el 10/1, esto no debe interpretarse como el fin de la lucha por la democracia ni como la consolidación definitiva del proyecto hegemónico del madurismo. Será otro capítulo en la prolongada batalla por la restauración democrática, que exigirá una redefinición de la estrategia opositora. Esta estrategia debe centrarse en la creación de un amplio frente democrático que supere a los sectores que apoyaron a Edmundo González, que trascienda las diferencias ideológicas o partidistas y enfocándose en dos objetivos comunes: el respeto a la Constitución y a los resultados electorales del 28/7. Solo mediante una lucha inclusiva y diversa, alejada de los hiperliderazgos, se podrán canalizar y movilizar las fuerzas sociales y políticas necesarias para ejercer presión interna y derrotar al régimen de facto que encarnaría Maduro.

El perverso neopopulismo latinoamericano

El fenómeno populista tiene larga data en América Latina. Juan Domingo Perón en Argentina, Lázaro Cárdenas en México, Paz Estenssoro en Bolivia, entre otros, son algunos de los ejemplos históricos. Sin embargo, en el curso del siglo XXI hemos visto una segunda oleada populista, que ha sido etiquetada como "neopopulismo", con figuras como Chávez-Maduro en Venezuela, Correa en Ecuador, Kirchner en Argentina, Morales en Bolivia, y más recientemente López Obrador en México.

Las experiencias históricas populistas y neo-populistas han surgido como una respuesta política o bien como una “alternativa” a la crisis de la democracia liberal. Se han instaurado como una “nueva” forma de representación e identificación política, gracias a la paulatina deslegitimación de las instituciones políticas tradicionales. A pesar de su diversidad, existen algunos rasgos que se encuentran en la mayoría de los movimientos populistas como un liderazgo mesiánico, promueven el odio y la militarización de la sociedad, son proclives a eventos plebiscitarios no competitivos y fetichizan la palabra pueblo. Otro aspecto interesante de los populismos es el crear "democracias de fachada" donde el régimen mantiene una apariencia de legitimidad democrática ante la comunidad internacional, pero en la práctica, el poder está monopolizado por el “mesías” en nombre de "la voluntad del pueblo".

El ascenso al poder del neopopulismo en América Latina ha permitido la emergencia de nuevos actores políticos, sin que ello haya significado el desafío o la ruptura con el orden económico hegemónico, es decir, el marco capitalista y neoliberal dominante. El neopopulismo, entonces, en lugar de constituir una ruptura directa, se convierte en una estrategia política que canaliza o reprime el descontento popular sin alterar la base estructural del sistema hegemónico dominante, sirviendo como una "válvula de escape" que permite al sistema adaptarse y absorber las tensiones sociales.

Los regímenes neopopulistas de Chávez-Maduro, Correa, Kirchner, Morales, López Obrador, entre otros, han implementado agendas económicas que, pese a su retórica anti-neoliberal, mantienen elementos clave del neoliberalismo, como el pago de la deuda externa, la precarización laboral a través de la flexibilización, el trato preferencial al capital transnacional, la implementación de impuestos regresivos y un endeudamiento externo desmedido. Suelen emplear instrumentos corporativos para asegurar el control vertical sobre las organizaciones de masas, las cuales son dirigidas o manipuladas a voluntad por el líder, permitiendo la movilización social controlada. Estas políticas, lejos de reducir la pobreza y la miseria, han generado una mayor marginalización y exclusión social. Además, estos regímenes han conducido a una concentración del poder, consolidado bajo el control represivo del líder.

El populismo en la construcción de su perversa narrativa polarizadora divide a la sociedad en dos grandes bloques antagónicos: "el pueblo" y "los enemigos del pueblo". Esta dicotomía tiene como propósito estratégico: consolidar apoyo popular y justificar la concentración antidemocrática del poder. En el discurso populista, el "pueblo" es idealizado como una entidad homogénea y virtuosa. Representa los valores auténticos de la nación, la moralidad y la justicia social. Sin embargo, este concepto de "pueblo" no se refiere a la totalidad de la población, sino a aquellos que apoyan al líder populista o al movimiento. Los que están fuera de este grupo quedan automáticamente etiquetados como parte de los enemigos del pueblo.

El otro lado de esta construcción son los "enemigos del pueblo", que suelen ser descritos como corruptos, apátridas, cipayos e inmorales. Esta categoría incluye a aquellos no afines al proyecto populista, quienes son presentados como responsables de todos los males que aquejan a la sociedad: pobreza, desigualdad, corrupción, etc. Este enfoque permite al líder populista señalar culpables externos e internos y redirigir la frustración popular hacia ellos. 

Dada su poca consistencia teórica y la carencia de una línea ideológica, el neopopulismo latinoamericano no ofrece un modelo de cambio real o sostenible. Su retórica antiimperialista y de inclusión social son una fachada que esconde un sistema de control, manipulación y represión. Estos regímenes, al no abordar las causas estructurales de la pobreza están destinados al fracaso, dejando a los sectores más vulnerables en una situación aún más precaria de la que partieron.

El rostro del madurismo: Fraude, Represión y Miseria

El régimen insiste en crear una narrativa en torno a su supuesto triunfo electoral del 28/7. Pretende consolidar su mega fraude electoral apelando a la sumisión de las instituciones del Estado, a un entramado judicial perverso, a una maquinaria propagandística de estilo goebeliano y al apoyo incondicional de las bayonetas. Con esto, busca violentar la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 28/7.

El régimen, en su falaz y fraudulenta narrativa, ignora que el CNE no ha mostrado las actas ni el desglose de la votación que validarían su triunfo, y que el Tribunal Supremo de Justicia ha asumido las funciones del CNE al pronunciarse sobre un ilegítimo recurso contencioso electoral destinado a legitimar el fraude. Asimismo, el Ministerio Público se ha convertido en un verdugo político al servicio del inquilino de Miraflores.

El madurismo, ante su aparatoso fracaso electoral del 28/7, ha recurrido al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, siguiendo un patrón de violencia caracterizado por detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos propios del terrorismo de Estado, los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad. Esta estrategia no solo tiene como objetivo inmediato sofocar las protestas y manifestaciones surgidas tras el fraude electoral, sino también sembrar el terror y desarticular cualquier tipo de organización o movimiento capaz de cuestionar al régimen autoritario.

El terrorismo de Estado del madurismo y sus milicos ha dejado una estela de miedo, desesperanza y muerte, que cínicamente desconocen e inculpan a la disidencia política. Desde los tiempos de Augusto Pinochet, no se habían visto redadas represivas de tal magnitud como la ocurrida en los días posteriores al 28/7. Esta razzia ha provocado más de 1,774 detenciones, incluidos 150 menores de edad (de 14 a 17 años), de los cuales 60 aún permanecen detenidos en las mazmorras del régimen; detenidos que han sido víctimas de tortura, tratos crueles y, en muchos casos, de violencia sexual. Esta represión fascista también provocó el asesinato de 26 personas, incluida la masacre de la redoma de San Jacinto (Maracay), en la que 7 personas perdieron la vida tras ser atacadas por soldados pertenecientes a la 42 Brigada de Infantería Paracaidista del Ejército acantonados en esa ciudad.

El panorama del país es alarmante. Por un lado, enfrentamos el fraude electoral, la represión y la indefensión ciudadana; por otro, la pobreza extrema, el colapso de los sistemas públicos de salud, educación y seguridad social, junto con una inflación descontrolada y unos salarios de hambre. Las esperanzas de cambio parecen desvanecerse ante este escenario desolador. 

Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, las voces de la resistencia ciudadana y de las organizaciones sociales y políticas siguen vivas. El coraje de quienes alzan la voz, a pesar del riesgo, demuestra que el deseo de libertad no puede ser sofocado por la pestilente bota militar. Cada acto de denuncia, cada marcha en las calles y cada palabra escrita en contra del régimen es una chispa de esperanza que mantiene encendida la llama de un futuro mejor. La historia ha mostrado que los regímenes opresivos, por más que se empeñen en controlar y reprimir, no son eternos. La voluntad de un pueblo determinado a recuperar su libertad es una fuerza que, tarde o temprano, termina por triunfar. 

La luz libertaria sigue presente.

Frente Democrático: Una Respuesta Unitaria al Golpe de Estado

El 28 de julio marca un hito sombrío en la historia política de Venezuela. El golpe de Estado consumado por los chafarotes contra la soberanía popular terminó de desmantelar los últimos vestigios de una democracia agónica, tutelada por la bota militar.

Venezuela vive una de sus peores crisis políticas y sufre las consecuencias de una brutal ola represiva de impronta fascista. Organismos defensores de los derechos humanos han reportado el secuestro de más de 1,581 ciudadanos, adolescentes y mujeres, así como el asesinato de 25 jóvenes a manos de los cuerpos represivos y grupos paramilitares.

La confrontación coyuntural sociopolítica no es entre izquierdas y derechas, como afirman los líderes del régimen y esa izquierda amamantada por la petrochequera de Miraflores. El social-madurismo, más allá de su engañosa gramática discursiva y verborrea de izquierda, representa un capitalismo de estado militarizado y opresor que ha empobrecido a los venezolanos y facilitado el surgimiento de un nuevo sector empresarial (la boliburguesía). Al igual que Bonaparte, el régimen ha negociado entre las distintas fracciones de la boliburguesía y el gran capital transnacional para mantenerse en el poder.

Hay que entender que la transición en Venezuela es mucho más que "cobrar" el resultado del proceso electoral del 28/7. La debilidad electoral del social-madurismo no significa su desaparición política, ni su derrumbe militar. Por ende, la transición implica un proceso complejo, con aristas políticas y militares que no pueden ser ignoradas. Es un camino tortuoso, lleno de desafíos e incertidumbres, cuyo éxito no está garantizado.

Ante esta realidad incuestionable, la obligación y el deber de todos los sectores democráticos del país es construir un amplio frente nacional, que convoque a la sociedad civil, a los partidos políticos, incluidos aquellos que no respaldaron la candidatura de Edmundo González, al movimiento estudiantil, a sindicatos y a organizaciones profesionales; en resumen, a todos aquellos que se oponen a este barbárico régimen facho-militar. La división de las fuerzas democráticas no es una opción cuando lo que está en juego es el futuro del país.

A pesar de todas las dificultades y de las conocidas oposiciones, es igualmente conveniente redactar un programa mínimo consensuado como parte de la transición política y militar. Temas como la libertad de todos los presos políticos, la implementación de planes destinados a superar la extrema pobreza, la promoción del pleno empleo, la revisión de la política salarial, y el sistema de pensiones y seguridad social deben formar parte de esa agenda. También es necesario un programa de emergencia para atender las crisis en los sectores médico-asistencial, judicial, educacional y penitenciario. Además, se debe incluir el desmantelamiento del entramado represivo del régimen, incluyendo el SEBIN, la DGSIM y la Policía Nacional; la clausura del centro de torturas del Helicoide; y el establecimiento de una justicia transicional destinada a revisar y procesar los casos de funcionarios del Estado, efectivos de la FAN y grupos paramilitares involucrados en crímenes de lesa humanidad.

Al margen del golpe de Estado contra la soberanía popular, es necesario reivindicar la ruta electoral, incluso cuando esta parece atravesar un momento difícil y complejo. Es tentador, en un contexto de dificultades y crisis, optar por narrativas fantasiosas que podrían parecer más rápidas o efectivas a corto plazo, pero que suelen desembocar en fracasos dolorosos (2014 y 2017).

La transición en Venezuela requerirá del esfuerzo solidario de la comunidad internacional y la voluntad indomable del pueblo venezolano. La historia de Venezuela aún está por escribirse, y será el pueblo quien, con su determinación y coraje, marcará el rumbo hacia un futuro mejor.

No al golpe de las bayonetas que pretende ahogar la voluntad popular. No a la barbarie represiva.

Ni las más inhumanas medidas represivas, ni las togas genuflexas del TSJ lograrán ocultar el revolcón electoral que le dieron al inquilino de Miraflores.

Trampas y Desconocimiento de la Soberanía Popular

La soberanía popular se refiere a la idea de que el poder reside en el pueblo y que es a través del voto que los ciudadanos expresan su voluntad y legitiman a sus gobernantes. Desde la instauración de la democracia liberal en 1958 en nuestro país, a pesar de todas sus imperfecciones, las elecciones han sido el mecanismo fundamental para canalizar la voluntad popular y legitimar a los gobernantes. Prueba de ello fue la victoria electoral de Chávez en 1998 y su posterior reconocimiento sin mayores traumas ni contratiempos institucionales.

Sin embargo, en Venezuela, la relación entre la soberanía popular y el ejercicio del voto se ha visto comprometida desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. La confianza en el voto como expresión de la soberanía popular se ha visto erosionada por la realización sistemática de elecciones no competitivas, marcadas por el abuso, el ventajismo, el chantaje, el control social, la coacción y la violencia.

A pesar de lo irregular y antidemocrática que fue la pasada campaña electoral, los venezolanos acudieron masivamente a votar el pasado 28 de julio. La campaña estuvo caracterizada por el ventajismo oficial, lapsos muy cortos para el registro de nuevos votantes, la persecución contra miembros de la oposición, barreras arbitrarias para inscribirse en el padrón en el exterior, libertades restringidas para actores políticos y medios de comunicación, y la actuación de las autoridades del CNE en favor del oficialismo.

Como todos los sondeos de opinión habían anticipado, y tras esta jornada ejemplar de voluntad democrática, Maduro fue apabullantemente derrotado por el candidato opositor Edmundo González. Sin embargo, Elvis Amoroso, sorpresivamente, anunció a Maduro como vencedor de la contienda presidencial y procedió a su proclamación sin los resultados desglosados que sustentaran su cuestionada victoria.

Se consumaba así el mayor fraude electoral en la historia republicana, y se producía un golpe de Estado en contra de la voluntad popular, respaldado por la pestilente bota militar. La indignación no se hizo esperar, y la protesta, principalmente en los sectores populares, se materializó de forma espontánea.

Ante la falta de votos y apoyo popular, el autoritarismo madurista respondió con una brutal represión que, en solo 36 horas, dejó 25 jóvenes asesinados, más de 1.503 detenidos, de los cuales 129 eran adolescentes (14-17 años) y 177 eran mujeres. Los detenidos han sido estigmatizados como delincuentes y drogadictos, y acusados de terrorismo e incitación al odio.

Instancias como la OEA, Provea, Amnistía Internacional, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, así como presidentes de varios países latinoamericanos y la Comunidad de Países Europeos, han elevado su voz de protesta ante la despiadada represión. También han surgido voces críticas sobre la necesidad de un conteo transparente y publico de los votos por parte de movimientos y partidos de izquierda que alguna vez fueron aliados del chavismo, lo cual desmonta la narrativa oficial de que las críticas al proceso del 28/7 provienen de la derecha fascista.

Al margen de la falaz propaganda oficialista, organizaciones como el Centro Carter y la Comisión de las Naciones Unidas han afirmado que el proceso electoral del 28/7 no alcanzó los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y que violó numerosas disposiciones de la propia legislación electoral. Esto, aunado a la falta de verificación de los resultados que respaldan la presunta victoria fraudulenta de Maduro.

En su desesperado afán por contrarrestar la condena nacional e internacional del fraude electoral, el régimen ha recurrido a un espectáculo bufonesco ante la Sala Electoral del TSJ al interponer un recurso contencioso electoral. Es importante señalar que, dado que la única actuación del CNE ha sido la proclamación de Maduro, nos encontramos ante una situación paradójica en la que Maduro está impugnando su propia proclamación. “Cosas veredes, amigo Sancho”.

La conducta autoritaria y tramposa de Maduro y su grupete socavan la voluntad popular. Escuchar al inquilino de Miraflores vociferar “No le vamos a entregar a esta oligarquía fascista el poder político”, los venezolanos nos preguntamos: ¿Dónde queda el respeto a la voluntad popular? ¿Para qué sirven las elecciones? ¿Quiénes son los fascistas que reprimen y asesinan en nombre de la paz?

Es urgente la creación de un amplio frente democrático que trascienda las fronteras de la candidatura de Edmundo González en la lucha contra la represión y en defensa del respeto a los resultados electorales. Solo un esfuerzo conjunto podrá asegurar un camino exitoso hacia el respeto de la voluntad popular expresada el pasado 28/7.

Ni las bayonetas de los chafarotes, ni las togas genuflexas podrán aplastar a la voluntad popular 

Terrorismo de Estado Bolivariano

El terrorismo de Estado se refiere al uso sistemático de la violencia, el miedo, la intimidación, la represión y la muerte por parte de un gobierno contra su propia población con el fin de mantener el control político, suprimir la disidencia y consolidar el poder. Ejemplos históricos de terrorismo de Estado incluyen las dictaduras militares en América Latina, como en Argentina, Chile y Uruguay durante las décadas de 1960 a 1980, donde se empleó esta táctica para eliminar a opositores políticos y asegurar el poder.

La intimidación, la tortura, las desapariciones forzadas y el asesinato son algunas de las manifestaciones del terrorismo de Estado fascista impuesto por la satrapía bolivariana y su unión cívico-militar-policial desde su llegada al poder. Lamentablemente, Maduro y su grupete han intensificado la violencia institucional a raíz del megafraude electoral del 28 de julio, orquestado por el Consejo Nacional Electoral con el respaldo de la corrupta bota militar. Maduro ha hecho realidad su amenaza preelectoral de un baño de sangre y caos si perdía las elecciones.

Este abominable terrorismo de Estado bolivariano, componente esencial de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana, ha sido ejecutado por las hordas paramilitares del PSUV, un símil de las camisas negras de Mussolini o de los Sturmabteilung (SA) de Hitler, con el respaldo cómplice de la Guardia Nacional, la Policía Nacional y otros organismos represivos del Estado. Esta violencia bolivariana se fundamenta en la dicotomía “amigo-enemigo” según la perspectiva del jurista nazi Carl Schmitt.

De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos humanos, se han registrado 1.200 arrestos, de los cuales 70 son militares y 91 son adolescentes, así como el asesinato de 21 ciudadanos. Además, el inquilino de Miraflores ha instado a sus seguidores a utilizar la aplicación VenApp para que los “patriotas cooperantes” (es decir, vulgares sapos) denuncien a quienes protestan o apoyan a la oposición, con el fin de detenerlos y confinarlos en las cárceles de Tocorón y Tocuyito.

La ejecución de este terrorismo post-electoral por parte de la delincuente unión cívico-militar-policial ha contado con el apoyo incondicional del inquisidor tropical Tarek William Saab. Su misión ha sido judicializar toda manifestación contraria al régimen, calificándola de subversiva. En su desesperación por justificar la represión, ha llegado al extremo de considerarla necesaria para “depurar a la sociedad venezolana”. Esta declaración nos remonta a los tiempos de Heinrich Himmler, cuando anunció la operación "Aktion Reinhard" con el objetivo de depurar la sociedad alemana de los judíos.

La sociedad venezolana ha sido sometida a un proceso de fascistización que ha erosionado los principios fundamentales de la democracia y del Estado de derecho, socavado el respeto a los derechos humanos, y fomentado la intolerancia y el odio. Han instaurado un “siniestro lenguaje” en el que los términos significan lo contrario: el amor es odio, la paz es guerra, el respeto a los derechos humanos es tortura, el debido proceso es linchamiento judicial, y la soberanía es sumisión.

Los venezolanos nos preguntamos: si realmente ganaron las elecciones, ¿Por qué no han presentado las actas que el CNE tiene en su poder y los comprobantes físicos que debería tener el Plan República, los cuales deben coincidir con la sumatoria total de votos en dichas actas? Han transcurrido más de ocho días (para el momento en que escribo esta nota) y aún no hay ningún soporte que confirme la victoria del mercachifle ideológico disfrazado de militar. 

Toda solución a la actual crisis política pasa por mostrar las actas y confirmar el triunfo de Edmundo González. Proponer la repetición de las elecciones de diciembre de 2024 como un elemento negociador, a cambio de la conformación de un nuevo CNE, la liberación de los presos políticos, el cambio del Fiscal y otras concesiones ignora y desvirtúa la voluntad popular que ya se expresó en las urnas. Además, es una quimera si se toma en cuenta: i) la incapacidad del régimen para cumplir con todos los acuerdos que ha firmado; ii) que todas las instancias de coacción y terror del Estado seguirán al servicio del PSUV; y iii) que el régimen dispondrá de seis meses para profundizar su política populista y represiva sin límite alguno.