Votar en dictadura: participación como resistencia democrática

Venezuela enfrenta una crisis política profunda que, a pesar de los esfuerzos de la oposición y la presión de la comunidad internacional, no parece tener una salida viable en el corto plazo.

En un intento por proyectar una falsa normalidad, la oficina electoral del régimen -el Consejo Nacional Electoral (CNE)- ha convocado nuevos comicios para el 27 de abril, donde se elegirán gobernadores, alcaldes, legisladores y miembros de la Asamblea Nacional. Ante esta convocatoria, sectores de la oposición liderados por María Corina Machado han llamado a la abstención, sin previa consulta ni debate con el resto de las fuerzas políticas que integran la coalición democrática. La decisión de abstenerse no es nueva; ha sido un error político reiterado y costoso, como se evidenció en 2005, 2018 y 2020.

Los defensores de la abstención argumentan que la vía electoral está agotada y sostienen, de manera falaz, que participar en los comicios del 27 de abril solo serviría para legitimar el fraude consumado por el régimen el 28 de julio pasado. Según ellos, no acudir a las urnas es una forma de reivindicar la voluntad popular expresada en esa fecha, un acto de deslegitimación y un rechazo simbólico que, supuestamente, facilitará la salida de Maduro del poder.

Pero, ¿qué ha cambiado desde el 28 de julio? En esencia, nada: el régimen sigue siendo el mismo, ilegítimo desde 2018 -no desde 2025, como algunos afirman- con un perfil autoritario, represivo y fraudulento. Mantiene control absoluto sobre el CNE, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, y cuenta con el respaldo de la cúpula militar. Si las condiciones políticas no han variado significativamente, ¿por qué llamaron a votar en julio y ahora promueven la abstención? ¿Es esta última una estrategia válida para provocar un cambio político?

La evidencia histórica indica lo contrario. La falta de participación en procesos electorales no ha debilitado al régimen chavista-madurista; por el contrario, le ha otorgado control absoluto sobre los espacios de poder y ha reforzado su narrativa de invencibilidad. La abstención genera inacción política, que contribuye indirectamente a la permanencia del régimen y dificulta la acumulación de fuerzas necesarias para lograr un cambio.

Pensar que la abstención permitirá “cobrar” los resultados electorales del 28 de julio y, por ende, la toma de posesión de Edmundo González, es una ilusión ficticia.

No existen garantías de que el proceso del 27 de abril se realice de manera transparente, ni de que el régimen se abstenga de manipular nuevamente los resultados electorales. Los regímenes autoritarios, como el de Maduro, preservan el poder mediante el fraude y la represión. Sin embargo, votar en una dictadura puede ser una estrategia de resistencia: articular movimientos sociales, generar nuevas dinámicas de protesta y catalizar cambios políticos. El voto, lejos de ser sumisión, puede ser una herramienta clave para reorganizar estructuras opositoras, conectar con la ciudadanía, reforzar liderazgos, generar una narrativa sostenida de lucha y articular un mensaje de cambio que socave las bases del autoritarismo.

Asimismo, llamar a la abstención basado en la expectativa de una fractura dentro de la Fuerza Armada o en la esperanza de una intervención extranjera respaldada por organismos multilaterales o Estados Unidos representa un error estratégico. La institución militar nunca ha actuado como garante de la constitucionalidad; históricamente, ha sido un instrumento represivo al servicio del gobierno de turno. Por otro lado, una intervención auspiciada por organismos multilaterales es inviable: potencias como China y Rusia, con intereses estratégicos en Venezuela, ejercen su derecho al veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. En la OEA, la causa venezolana no supera el respaldo de 14 a 16 de los 33 países que la integran activamente, por lo que tampoco allí hay posibilidad real de intervención. Finalmente, una intervención militar directa de Estados Unidos es altamente improbable, dadas las complejidades geopolíticas, estratégicas y de costo-beneficio para la administración de Mr. Trump. A pesar de su retórica agresiva, la realidad es que: i) Trump ha evitado reunirse con Edmundo González, ii) no revocó la licencia de Chevron, y iii) envió a Richard Grenell a negociar con Maduro la liberación de seis estadounidenses secuestrados en Caracas, la deportación de venezolanos y otros “posibles acuerdos”, según reportó el Miami Herald. Además, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, canceló la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 600,000 venezolanos en EE.UU., bajo el argumento de que “las condiciones habían mejorado” en Venezuela.

Participar en elecciones bajo una dictadura no garantiza una transición democrática -el voto en estas circunstancias no es un mecanismo normal de alternancia de pode-, pero puede ser un factor clave para erosionar el poder autoritario y abrir nuevos escenarios de lucha. La clave está en no reducir la acción política al mero acto de votar, sino en convertir ese proceso en un acto de resistencia estratégica que genere presión, movilización y desgaste del régimen.

Afirmar que el camino electoral está agotado, siendo esta la única herramienta política disponible para la ciudadanía, es una declaración sumamente temeraria. Más aún cuando, además de las elecciones legislativas y regionales, se plantea la posibilidad de un referéndum consultivo para legitimar la reforma constitucional impulsada por Maduro y su círculo de poder. Esta reforma “exprés” contempla al menos 80 nuevos artículos diseñados para fortalecer y consolidar su proyecto autoritario, cercenando aún más los pocos espacios democráticos que existen en el país.

El objetivo no es “pasar la página del 28 de julio” ni conferir legitimidad a Maduro; se trata, más bien, de emplear la movilización ciudadana en torno al sufragio como mecanismo de lucha y erosión del régimen. En la coyuntura actual, el voto es el único instrumento estratégico para visibilizar el descontento, reclamar nuevos espacios, desafiar la narrativa oficial y articular formas de resistencia que trasciendan el acto electoral.

El perverso arte de construir espejismos

Venezuela enfrenta una crisis política profunda que ha llevado a diversos sectores, incluida la dirigencia opositora, a aferrarse a promesas y estrategias basadas en fantasías. Aunque este fenómeno resulta comprensible dado el anhelo de cambio de amplios sectores sociales, las promesas vacías son profundamente dañinas para la causa de lograr una transformación real y reconstruir nuestra democracia, arrebatada por la bota militar.

Cuando estas estrategias se construyen sobre premisas sobredimensionadas —como el supuesto apoyo efectivo de gobiernos extranjeros, organismos multilaterales o intervenciones militares— o fechas simbólicas falsas, se alimenta una narrativa que promete soluciones rápidas y mágicas, pero engañosas. Al no cumplirse estos espejismos, crecen la frustración y la desesperanza, debilitando la moral colectiva y minando la credibilidad del liderazgo político.

Las falsas ilusiones en política suelen adoptar la forma de promesas simplistas o simbólicas que evaden las complejidades estructurales de los problemas reales. Aunque pueden atraer atención y alimentar una esperanza momentánea, a largo plazo resultan dañinas para la conducción política. Estas estrategias ilusorias perpetúan ciclos de esperanza, frustración y desencanto que pueden conducir a la resignación popular. En Venezuela, esta perversidad ha sido constante: desde dolorosas e improvisadas acciones insurreccionales como las protestas fallidas de 2017 y 2024, pasando por un golpe militar frustrado en 2019, hasta repetidos anuncios de supuestas “fechas de inflexión”. La reiteración de estos espejismos por parte de la dirigencia opositora ha desmovilizado a amplios sectores populares, profundizando la sensación de impotencia frente a la aparente invencibilidad del inquilino de Miraflores.

Un ejemplo reciente de esta estrategia alucinatoria fue el discurso construido en torno al supuesto “cobro” de la victoria presidencial del 28/7. Esta falsa ilusión se sustentó en la expectativa de un quiebre institucional en la Fuerza Armada Nacional, una montonera uniformada que, lejos de defender el orden constitucional, se ha convertido en un instrumento de represión, tortura y muerte al servicio del régimen bolivariano. Otra promesa vacía fue el supuesto regreso de Edmundo González al país para asumir la presidencia el 10 de enero de 2025. Como se anticipaba, nada de ello ocurrió: no hubo quiebre militar, Edmundo no regresó y mucho menos se juramentó. Ambos espejismos representaron derrotas políticas evitables, que nunca implicaron avances estratégicos reales.

Un nuevo espejismo opositor ha surgido en torno al 20 de enero de 2025, fecha en la que Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos y Marco Rubio ocupará el cargo de secretario de Estado. Este humo es alimentado también por las “amenazas poco creíbles” de la llamada troika de Miami -María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Rick Scott- miembros del Congreso estadounidense, pero ajenos a la futura administración de Trump. Cabe destacar que muchas de estas estrategias alucinatorias no son errores inocentes, sino herramientas deliberadas de actores políticos y mediáticos para ganar protagonismo, mantener su relevancia o desviar la atención de sus propias limitaciones.

A pesar de las profundas dificultades actuales, marcadas por el desconocimiento de los resultados del 28/7 perpetrado por Maduro y sus miicos, la voluntad indomable del pueblo venezolano y su inquebrantable anhelo de democracia siguen siendo el motor de nuevas luchas por el cambio político y social que la gran mayoría de los venezolanos anhelamos.

El terror como instrumento de poder

El término Sippenhaft, traducido como "culpabilidad por asociación familiar", tiene sus raíces en la Alemania nazi, donde se utilizaba para castigar a los familiares de quienes eran considerados enemigos del régimen. Este concepto jurídico, implementado durante el Tercer Reich, establecía que la responsabilidad penal de una persona acusada de crímenes contra el Estado se extendía automáticamente a sus familiares. Estos eran considerados igualmente culpables, arrestados e incluso, en algunos casos, condenados a muerte por los actos cometidos por su pariente acusado.

Este aberrante principio jurídico, asociado a los horrores del nazismo bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, jefe máximo de las SS, ha trascendido su contexto histórico original y resurgido como una herramienta de coerción en diversos regímenes represivos contemporáneos, tal como ocurre con el proyecto autoritario del facho-chavismo-madurísimo.

En los últimos tiempos, la represión en Venezuela no se ha limitado únicamente a los individuos que se posicionan como disidentes del régimen, víctimas de una barbarie que suelen ser deshumanizadas y etiquetadas como “traidores” o “enemigos de la patria”. La persecución se ha extendido también a los familiares de opositores políticos, periodistas, activistas de derechos humanos e incluso miembros de la Fuerza Armada, quienes han sido blanco de amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de represión. En múltiples ocasiones, organismos de seguridad del Estado, como el SEBIN, la Policía Nacional y la DGCIM, han detenido y torturado a familiares de militares o políticos opositores, bajo la acusación de “cómplices” o como represalia directa por las acciones de sus parientes. Esta práctica bolivariana cumple un doble propósito: chantajear emocionalmente al detenido y sembrar miedo y terror entre sus familiares.

Cabe destacar que esta lógica forma parte del terrorismo de Estado, concebido dentro de la aberrante doctrina de seguridad nacional bolivariana. En esta doctrina, conceptos como territorialidad, soberanía, enemigo interno y externo, así como el desarrollo nacional, fueron redefinidos en función de los objetivos geopolíticos del proyecto autoritario bolivariano.

El uso del Sippenhaft por parte de los organismos represivos del Estado no solo constituye una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales, sino que también infringe principios básicos del derecho internacional, como el derecho a la presunción de inocencia y la prohibición de castigos colectivos. Estas acciones pueden ser consideradas crímenes de lesa humanidad, tal como lo ha señalado la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.

La implementación de prácticas similares al Sippenhaft por parte del autoritarismo bolivariano pone en evidencia la desesperación de un régimen que, ante la pérdida de apoyo popular y legitimidad, busca aferrarse al poder a toda costa, incluso mediante la represión indiscriminada. El castigo colectivo, lejos de ser una herramienta eficaz de control, revela las profundas fracturas internas de un sistema que, al desmoronarse, recurre al miedo como último recurso para intentar someter a la población. Estas prácticas no solo violan derechos humanos fundamentales, sino que también evidencian la fragilidad de un régimen facho que, incapaz de garantizar justicia, recurre a la violencia para intentar asegurar su permanencia.

La historia ha demostrado una y otra vez que, aunque los regímenes autoritarios puedan sembrar el terror y someter a los pueblos mediante tácticas de represión brutal, no pueden suprimir indefinidamente el anhelo de libertad y justicia que late en el corazón de las naciones. Los pueblos siempre encuentran el camino hacia la libertad.

 

Que el espíritu de esta temporada nos inspire a mantener viva la esperanza y la unidad. Que en cada rincón de nuestra patria resuene el sueño de libertad, justicia y paz.

Que esta Navidad renueve nuestra fe y nos regale la certeza de que los tiempos oscuros no son eternos. Que cada estrella en el cielo nos recuerde que, después de la tormenta, siempre llega la luz.

¡Feliz Navidad! Que el 2025 sea el año en que Venezuela se alce libre, soberana y sin presos políticos.

 

Crónica de una oportunidad desperdiciada

Entre el 29 y el 30 de julio, los sectores populares de Venezuela protagonizaron masivas movilizaciones en rechazo al fraude electoral y al irrespeto de la voluntad popular expresada el 28/7, perpetrados por Maduro y su cúpula militar.

El régimen quedó sorprendido por la magnitud, extensión territorial y perfil socioeconómico de las protestas. El aparato represivo de Maduro, torpe e inicialmente desbordado, se mostró incapaz de contener unas manifestaciones que brotaban con fuerza y espontaneidad en todo el país. La naturaleza inesperada de estas movilizaciones superó la capacidad de respuesta inmediata de las fuerzas represivas. Sin embargo, estas protestas no llegaron a convertirse en una verdadera insurrección popular que hubiese permitido hacer valer el resultado electoral del 28/7. A pesar de que existían condiciones objetivas (desempleo, inflación, hambre, corrupción, ausencia de libertades) y subjetivas (el fraude como detonante, la esperanza de cambio), la dirigencia opositora optó por redactar proclamas triunfalistas en lugar de asumir la conducción política del movimiento libertario en las calles. Así, se dilapidó una coyuntura histórica, se dejó pasar la oportunidad de materializar la voluntad popular, y se desvaneció la posibilidad de un nuevo despertar democrático.

La ausencia de dirección política y organizativa permitió al régimen aplastar brutalmente las protestas. La respuesta represiva se saldó con el asesinato de 28 jóvenes y la detención de más de 2.000 personas, incluyendo un elevado número de menores de edad, mujeres y líderes sociales. Calificados como “terroristas”, muchos de los detenidos han sido sometidos a torturas físicas y psicológicas, además de enfrentar juicios arbitrarios sin garantías. Maduro y sus militares impusieron un régimen de terror sistemático: un terrorismo de Estado que sembró miedo, dolor y muerte.

La esperanza de un cambio político, especialmente en los sectores populares, ha comenzado a diluirse. La represión, la intimidación y la violencia han erosionado el espíritu de resistencia de quienes, apenas días antes, habían depositado sus anhelos en una salida democrática el 28/7. Donde germinaba la esperanza, hoy domina el miedo.

Pretender convertir el 10 de enero de 2025 —fecha simbólica de la juramentación presidencial— en un punto de inflexión es un grave error. La hipótesis de que Edmundo González asumiría ese día la presidencia ha sido una de las más infundadas (TalCual, 31/10/2024); de hecho, es posible que nunca lo haga. Esta narrativa, alimentada por sectores fanatizados de la oposición y por opinadores que lucran con la explotación de la esperanza, ha terminado por favorecer a Maduro, entregándole una victoria política sin costo. Una vez más, se cultiva una falsa ilusión que solo genera frustración y desmovilización entre quienes aún anhelan un verdadero cambio.

Ha llegado el momento de diseñar una estrategia postelectoral realista y coherente, orientada a la construcción de un nuevo movimiento político: amplio, plural e inclusivo. Un movimiento alejado de los hiperliderazgos mesiánicos y capaz de representar la diversidad de voces que conforman la Venezuela democrática. Esta estrategia debe anclarse en la defensa irrestricta de la Constitución Nacional, en la lucha por los derechos sociales y en la liberación de los presos políticos, hoy criminalizados e invisibilizados tanto por el régimen como por una dirigencia opositora desconectada.

La tarea no será fácil, pero es el único camino posible para desmantelar el régimen de facto que representará Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2025.

Escenarios y expectativas poselectorales

Tras la aplastante derrota electoral del pasado 28 de julio, Nicolás Maduro se ha atrincherado en Miraflores como un náufrago aferrado a su último salvavidas: la represión. Escudado tras su criminal maquinaria autoritaria y su aparato propagandístico de corte goebbeliano, intenta que los venezolanos "pasemos la página del 28/7", que desconozcamos esa verdad. En su falaz narrativa postelectoral, celebra un supuesto triunfo y repite sus engañosas promesas de reactivar la economía, abaratar el costo de la vida, reducir la corrupción y controlar la hiperinflación que ha pulverizado el poder adquisitivo del pueblo. Todos sabemos que Maduro miente; para él, mentir es casi un reflejo natural, como ladran los perros o cantan los gallos. Su única verdad es su obsesión por perpetuarse en el poder.

Pero ¿significa esto que el madurismo continuará destruyendo al país en los próximos seis años? Para entender el destino de este régimen agónico, es importante analizar los posibles escenarios que podrían presentarse en los próximos meses. Un primer escenario sería el reconocimiento de su fracaso electoral del 28 de julio. Sin embargo, dada la impronta antidemocrática del proyecto madurista y los milicos que lo apoyan, esto parece muy poco probable, o tal vez imposible. Por ello, el régimen se aferra al desconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio y ha respondido con terror y represión, encarcelando a más de 2,000 ciudadanos, incluyendo mujeres y menores de edad, y asesinando a 24 venezolanos. Para el madurismo, las elecciones no son más que una coreografía cuidadosamente ensayada cada seis años, diseñada para darse un baño de “legitimidad democrática” que le permita mantenerse en el poder.

El segundo escenario sería una implosión interna, en el que sectores claves del poder, como los militares, decidan respetar la voluntad popular expresada el 28/7, la constitución y restablecer el orden democrático. Lamentablemente, Maduro ha sabido comprar lealtades en el mundo militar mediante privilegios y prebendas. La corrupción ha penetrado la institución armada como una metástasis maligna, extendiéndose insidiosamente a lo largo de sus estructuras y socavando su integridad desde dentro. Tristemente, la Fuerza Armada Nacional, se ha transformado en una guardia pretoriana que responde a los intereses del inquilino de Miraflores. Esa soldadesca, lejos de proteger con las armas de la Republica a su pueblo, se ha transformado en un instrumento de represión, torturas y muerte. Sin embargo, no puede descartarse que ciertos sectores dentro de la FAN puedan, en algún momento, romper con esta cadena de complicidad. El descontento en la oficialidad media, ajena a los privilegios del generalato, podría convertirse en el catalizador de un cambio desde dentro, si deciden hacer respetar la voluntad popular expresada el 28 de julio.

El tercer escenario, aunque no es el más deseado, surge como el más probable: Maduro sobrevive políticamente a pesar de los múltiples desafíos internos y externos, y es investido como presidente el próximo 10 de enero. Ello, a pesar de que el régimen carece del apoyo popular, se encentra aislado internacionalmente y muestra signos de fisuras internas, aún cuenta con los mecanismos represivos y el control de las instituciones que le permitirán mantenerse en el poder. Esta investidura representaría la instauración de un régimen de facto que se sustentaría en la coacción y la represión. 

No obstante, la falta de apoyo popular, la carencia de legitimidad de origen, una economía devastada y un despiadado terrorismo de Estado, junto con factores externos -desconocimiento de su fraudulenta victoria y aislamiento internacional- harán que la gobernabilidad de Maduro sea insostenible. Podrán intensificar la represión, pero ello no resolverá la crisis subyacente que corroe al proyecto dominante. Maduro está atrapado en una espiral descendente; si bien su desmoronamiento será lento, las fuerzas que lo erosionan continuarán avanzando de manera inexorable hasta un colapso total.

Determinar cuánto tiempo más se prolongará la agonía de este régimen dentro de este tercer escenario es un enigma. No existen certezas absolutas, y cualquier predicción podría resultar fallida, ya que la dinámica política en Venezuela está sujeta a múltiples factores impredecibles que podrían acelerar o prolongar el colapso del madurismo. Centrar las expectativas de cambio en torno al 10 de enero, como algunos sectores de la oposición están generando, es un craso error. Es reeditar las viejas tácticas cortoplacistas y del todo o nada que solo han generado desilusiones, frustración y desmoralización. Si bien existen escenarios probables de un cambio política para esa fecha, no hay garantías de que suceda exactamente para esa fecha. 

Es fundamental resaltar que, si la salida de Maduro no se materializa el 10/1, esto no debe interpretarse como el fin de la lucha por la democracia ni como la consolidación definitiva del proyecto hegemónico del madurismo. Será otro capítulo en la prolongada batalla por la restauración democrática, que exigirá una redefinición de la estrategia opositora. Esta estrategia debe centrarse en la creación de un amplio frente democrático que supere a los sectores que apoyaron a Edmundo González, que trascienda las diferencias ideológicas o partidistas y enfocándose en dos objetivos comunes: el respeto a la Constitución y a los resultados electorales del 28/7. Solo mediante una lucha inclusiva y diversa, alejada de los hiperliderazgos, se podrán canalizar y movilizar las fuerzas sociales y políticas necesarias para ejercer presión interna y derrotar al régimen de facto que encarnaría Maduro.

El perverso neopopulismo latinoamericano

El fenómeno populista tiene larga data en América Latina. Juan Domingo Perón en Argentina, Lázaro Cárdenas en México, Paz Estenssoro en Bolivia, entre otros, son algunos de los ejemplos históricos. Sin embargo, en el curso del siglo XXI hemos visto una segunda oleada populista, que ha sido etiquetada como "neopopulismo", con figuras como Chávez-Maduro en Venezuela, Correa en Ecuador, Kirchner en Argentina, Morales en Bolivia, y más recientemente López Obrador en México.

Las experiencias históricas populistas y neo-populistas han surgido como una respuesta política o bien como una “alternativa” a la crisis de la democracia liberal. Se han instaurado como una “nueva” forma de representación e identificación política, gracias a la paulatina deslegitimación de las instituciones políticas tradicionales. A pesar de su diversidad, existen algunos rasgos que se encuentran en la mayoría de los movimientos populistas como un liderazgo mesiánico, promueven el odio y la militarización de la sociedad, son proclives a eventos plebiscitarios no competitivos y fetichizan la palabra pueblo. Otro aspecto interesante de los populismos es el crear "democracias de fachada" donde el régimen mantiene una apariencia de legitimidad democrática ante la comunidad internacional, pero en la práctica, el poder está monopolizado por el “mesías” en nombre de "la voluntad del pueblo".

El ascenso al poder del neopopulismo en América Latina ha permitido la emergencia de nuevos actores políticos, sin que ello haya significado el desafío o la ruptura con el orden económico hegemónico, es decir, el marco capitalista y neoliberal dominante. El neopopulismo, entonces, en lugar de constituir una ruptura directa, se convierte en una estrategia política que canaliza o reprime el descontento popular sin alterar la base estructural del sistema hegemónico dominante, sirviendo como una "válvula de escape" que permite al sistema adaptarse y absorber las tensiones sociales.

Los regímenes neopopulistas de Chávez-Maduro, Correa, Kirchner, Morales, López Obrador, entre otros, han implementado agendas económicas que, pese a su retórica anti-neoliberal, mantienen elementos clave del neoliberalismo, como el pago de la deuda externa, la precarización laboral a través de la flexibilización, el trato preferencial al capital transnacional, la implementación de impuestos regresivos y un endeudamiento externo desmedido. Suelen emplear instrumentos corporativos para asegurar el control vertical sobre las organizaciones de masas, las cuales son dirigidas o manipuladas a voluntad por el líder, permitiendo la movilización social controlada. Estas políticas, lejos de reducir la pobreza y la miseria, han generado una mayor marginalización y exclusión social. Además, estos regímenes han conducido a una concentración del poder, consolidado bajo el control represivo del líder.

El populismo en la construcción de su perversa narrativa polarizadora divide a la sociedad en dos grandes bloques antagónicos: "el pueblo" y "los enemigos del pueblo". Esta dicotomía tiene como propósito estratégico: consolidar apoyo popular y justificar la concentración antidemocrática del poder. En el discurso populista, el "pueblo" es idealizado como una entidad homogénea y virtuosa. Representa los valores auténticos de la nación, la moralidad y la justicia social. Sin embargo, este concepto de "pueblo" no se refiere a la totalidad de la población, sino a aquellos que apoyan al líder populista o al movimiento. Los que están fuera de este grupo quedan automáticamente etiquetados como parte de los enemigos del pueblo.

El otro lado de esta construcción son los "enemigos del pueblo", que suelen ser descritos como corruptos, apátridas, cipayos e inmorales. Esta categoría incluye a aquellos no afines al proyecto populista, quienes son presentados como responsables de todos los males que aquejan a la sociedad: pobreza, desigualdad, corrupción, etc. Este enfoque permite al líder populista señalar culpables externos e internos y redirigir la frustración popular hacia ellos. 

Dada su poca consistencia teórica y la carencia de una línea ideológica, el neopopulismo latinoamericano no ofrece un modelo de cambio real o sostenible. Su retórica antiimperialista y de inclusión social son una fachada que esconde un sistema de control, manipulación y represión. Estos regímenes, al no abordar las causas estructurales de la pobreza están destinados al fracaso, dejando a los sectores más vulnerables en una situación aún más precaria de la que partieron.