¿Y ahora qué hacer?

El pasado 22 de octubre la oposición venezolana realizó una consulta primaria para elegir al candidato que se enfrentará a Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales. María Corina Machado con una retórica confrontacional, pro-mercado y privatizadora logró cautivar a la abrumadora mayoría (92,5%) de los votantes de la oposición venezolana que participaron en dicha contienda.

La participación de Machado en las elecciones primarias y su disposición de competir en las presidenciales del 2024 denota un cambio radical en su visión política. Vale acotar que ella impulsó junto a Leopoldo López y Antonio Ledezma la tesis de que la ruta electoral estaba agotada y que era necesario avanzar por la vía insurreccional (jornadas del 2014 y 2017), de la fractura militar, o la invasión militar extranjera. Además, fue enemiga confesa a cualquier iniciativa de negociación con el chavismo, acusando a los interlocutores de "colaboracionistas". 

Con su triunfo Machado logra destronar a partidos como Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo quienes históricamente han liderado la dirección política de la oposición a través del llamado G4. Pero, además, la primaria le ha servido para consolidar su hiperliderazgo en el campo opositor, más allá de su designación como candidata unitaria. 

En días pasados el régimen de Maduro y el gobierno de los Estados Unidos negociaron el acuerdo de Barbados, el cual contó con el beneplácito de la oposición venezolana. La Casa Blanca ha insistido que la aplicación de ese acuerdo (suspensión de sanciones económicas en materia de petróleo, gas y oro) depende de la habilitación política de Machado. Miraflores ha respondido invitando a los inhabilitados a transitar un camino tortuoso, fraudulento y peligroso ante el TSJ. Para nadie es un secreto que el TSJ forma parte del entramado represivo que el régimen usa en contra de la disidencia política; sus integrantes deciden los casos con base a sus convicciones partiditas-socialfascismo bolivariano- en lugar de hacerlo apegados a la Ley. 

Todos sabemos, que las inhabilitaciones, al igual que el secuestro de partidos políticos son parte de los abusos y atropellos inconstitucionales del régimen de Maduro en contra de todo aquel que no comparte su proyecto autoritario. Sin embargo, al margen de todas estas verdades, sobre Machado pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que le impide inscribir su candidatura en el Consejo Nacional Electoral. El argumento de que Machado ya fue habilitada por su amplio apoyo popular no es más que otra quimera como la del gobierno interino de Guaidó.

La falta de mecanismos para designar un candidato opositor alternativo, aunado a la negativa de la propia Machado de renunciar en favor de un candidato habilitado (hasta el final) genera incertidumbre ante una contienda presidencial sin candidato opositor con apoyo popular. Además, la perplejidad que ante el fracaso en su habilitación, Machado promueva protestas de calle, opte por el boicot electoral y llame a transitar atajos no viables.

Seguimos inmersos en nuestro laberinto. ¿Y ahora qué hacer?

El referendo del Esequibo: innecesario y peligroso.

El reclamo territorial de Venezuela por el Esequibo sr remonta a 1897, cuando Estados Unidos, en virtud de la Doctrina Monroe, actuó en representación de Venezuela y firmó un tratado con el Reino Unido para someter la disputa a arbitraje internacional, conocido como el Tratado Arbitral de Washington. En 1899, la zona fue adjudicada al Reino Unido mediante el Laudo Arbitral de París. Años más tarde, se suscribió el Tratado de Ginebra, (1966) que estipuló que la región en litigio sería administrada por Guyana, aunque la soberanía continuaba siendo objeto de controversia por parte de Venezuela. Tras la caducidad del Tratado de Ginebra, tanto Guyana como Venezuela solicitaron a las Naciones Unidas que propusiera una solución pacífica para la demarcación de sus fronteras. En 2018, mediante una resolución de las Naciones Unidas, el caso se trasladó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde actualmente está en espera de una resolución que ponga fin a la disputa territorial.

Desafortunadamente, las políticas aplicadas por el Tte. coronel y continuadas por Maduro como parte de su estrategia geopolítica en el Caribe han resultado en la entrega del Esequibo. Basta recordar las afirmaciones del Tte. coronel en su visita oficial a Guyana (19/02/2004) "el asunto del Esequibo será excluido del ámbito de las relaciones sociales, políticas y económicas entre nuestros dos países", y "la controversia con Guyana es una herencia del colonialismo", "el gobierno de Venezuela no se opone a ningún proyecto en la región en disputa". En su delirio desmedido de poder acordó con el presidente guyanés Bharrat Jagdeo congelar la disputa con Guyana a cambio de obtener el respaldo del CARICOM para que Venezuela obtuviera un asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU (2006). No olvidar que el CARICOM ha mantenido una posición de apoyo incondicional a Guyana en la disputa territorial con Venezuela.

Luego de haber entregado el Esequibo a Guyana, ahora, el chaveco-madurismo retoma las banderas del reclamo territorial como estrategia política-electoral convocando a un referendo consultivo sobre el Esequibo (3/12/23). La convocatoria al referendo ocurre en un contexto de creciente tensión por la adjudicación de licencias para la exploración petrolera por parte del gobierno de Guyana en favor de empresas transnacionales como ExxonMobil, la China National Offshore Oil Corporation, etc., en áreas marítimas aún pendientes de delimitación. El gobierno de Georgetown ha justificado el otorgamiento de dichas concesiones basándose en las declaraciones del Tte. coronel durante su visita oficial a Georgetown (19/02/2004).

La consulta electoral resulta inapropiada, contraproducente, y potencialmente peligrosa. Es innecesaria, dado que la soberanía y la integridad territorial no se someten a consulta. Contraproducente, ya que no es vinculante y porque implica el desconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya instancia que recibió el mandato de la Nacionales Unidas (2018) para resolver la disputa territorial. Además, peligrosa pues estamos ante un régimen desprestigiado, deslegitimado, acusado ante la Corte Internacional por violación de los derechos humanos y huérfano de apoyo popular. Que además enfrenta una crisis económica (devaluación, inflación, endeudamiento externo, desindustrialización) y social (desempleo, pobreza extrema, salarios pírricos) gravísimas. Este escenario plantea el riesgo de que Maduro, respaldado por los resultados del referéndum; i) Inicie una confrontación militar con Guyana, siguiendo un guion similar al de la Junta Militar Argentina en 1982. Maduro y su círculo cercano son conscientes de que la cuestión del Esequibo es de gran importancia para el pueblo venezolano, y cualquier intento de recuperar ese territorio podría contar con un amplio apoyo popular que podrían aprovechar con fines electorales. ii) Suspender el proceso electoral programado para 2024 argumentando razones de seguridad nacional ante el temor de sufrir una derrota en las urnas. En ambos casos el objetivo sería perpetuarse en el poder. Un ejercicio memorial, nos retrotrae a la experiencia argentina, cuando la junta militar (Galtieri, Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo) acosada por una profunda crisis económica y con fuertes cuestionamientos internos y externos decidió la recuperación de las Islas Malvinas con el objetivo de perpetuarse en el poder. Acción militar que le permitió ganar apoyo popular y consolidar la unidad nacional. Unidad nacional que contó con el respaldo paradójico de la izquierda argentina embriagada por el “antiimperialismo de Galtieri y sus socios”.

Los venezolanos debemos evitar caer en la trampa del "falso patriotismo" que el chaveco-madurismo utiliza de manera perversa en relación con el Esequibo. Hay que recordar que, a lo largo de la historia, el patrioterismo ha sido una herramienta efectiva empleada por regímenes autoritarios para fomentar el nacionalismo entre las masas y desviar la atención de los problemas sociales, tal como ocurrió en Alemania e Italia. Abstengámonos el 3/12/23

 

El engañoso encanto de la multipolaridad

Después de la Segunda Guerra Mundial que culminó con la victoria antifascista, el escenario global experimentó un cambio significativo, caracterizado por un modelo bipolar en el que Estados Unidos y la Unión Soviética se dividieron el mundo en dos esferas de influencia. Sin embargo, con el evento histórico de la caída del Muro de Berlín, seguido de la desintegración de la Unión Soviética y el colapso de los regímenes autoritarios en Europa Oriental, el sistema bipolar de la Guerra Fría llegó a su fin, dando lugar a la emergencia de un nuevo orden unipolar, con el surgimiento de los Estados Unidos como una única superpotencia en las relaciones internacionales.

Sin embargo, el declive de la supremacía hegemónica estadounidense y el desarrollo de fuerzas emergentes o re-emergentes (China, Rusia, India e Irán) permitió la configuración de nuevos polos que hoy pugnan para lograr una nueva distribución de poder mundial. Esta nueva configuración de fuerzas ha dado lugar a la engañosa multipolaridad complementaria. Multipolaridad que no significa la existencia de proyectos alternativos de desarrollo para los pueblos oprimidos, sino simplemente una confrontación inter-imperialista por el reparto de territorios y mercados. Una mirada a las fuerzas emergentes o re-emergentes, indica que todas desarrollan o han restaurado modelos de producción capitalista explotador. De consolidarse la tan cacareada multipolaridad estaríamos ante el advenimiento de un nuevo orden mundial caracterizado por un proyecto pluripolar-imperial disfrazado como alternativa progresista frente al orden global imperante. ¿Cómo pensar que la suma de economías capitalistas globales puede provocar un resultado antiimperialista?

El surgimiento de este nuevo mundo multipolar no implica el fin del imperialismo, sino más bien podría dar lugar a la aparición de varios proyectos imperiales (pluripolar-imperial) compitiendo por una nueva distribución global del poder. De igual manera, la multipolaridad no garantiza el fin de las relaciones asimétricas inherentes al capitalismo global. El rol ambivalente de China, de India y de Rusia, como parte de los países emergentes y al mismo tiempo de los ya emergidos, trae el riesgo de reproducir las perversidades del desarrollo extractivista y primario-exportador (cambiar de patrón no es ninguna alternativa). La multipolaridad igualmente no garantiza el establecimiento de un sistema internacional basado en los principios de autodeterminación y soberanía (invasión rusa a Ucrania). Además, la multipolaridad se ha transformado en un espacio internacional para para promover el autoritarismo representado por Vladimir Putin, Xi Jinping, y Alí Jamenei entre muchos otros.

La multipolaridad es simplemente una ilusión, al margen de los engañosos encantos que la izquierda global suele afirmar. Embellecer a los centros capitalistas emergentes o re-emergentes que compiten por una nueva hegemonía, no oculta su naturaleza explotadora, ni sus intenciones de reorganizar el mundo a su favor. La multipolaridad no significa que hay dos mundos en disputa, sino un solo mundo capitalista global que lucha por un nuevo reparto de mercados nacientes, fuerza de trabajo barata y materias primas depreciadas.

La esperanza de un mundo multipolar democrático, equilibrado y justo es una quimera

Un proyecto enemigo del pueblo trabajador

El chaveco-madurismo ha consolidado su posición como un factor histórico adverso para los intereses de los trabajadores, a pesar de las repetidas referencias a su aparente compromiso con la clase laboral del país. En su afán por promover una narrativa comunicacional, han llevado esta estrategia al extremo al otorgar al inquilino de Miraflores el título de "presidente obrero". 

Sin embargo, la denominación de “presidente obrero" parece estar en marcado contraste con las acciones y políticas que Maduro ha implementado. El “presidente obrero” ha continuado con la criminalización y judicialización de las luchas sindicales. Mediante un andamiaje jurídico represivo muchos trabajadores han sido falsamente acusados y condenados a largas condenas como el caso de los seis dirigentes sociales y sindicales enviados a las mazmorras del régimen recientemente. Todos habían participado en las protestas y movilizaciones por mejoras salariales de los últimos meses. Es evidente que la criminalización de la opinión crítica y de la protesta social es una política de Estado, implementada desde Miraflores con la complicidad del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Pero el legado anti-obrero del proyecto bolivariano no puede atribuirse únicamente al período del Madurismo, como algunos partidarios nostálgicos del chavismo afirman. Es importante recordar que el Tte coronel fue un enemigo rabioso de la independencia de los sindicatos frente al Estado, propiciando la intervención de Miraflores en la vida interna de los sindicatos, la creación de federaciones y sindicatos paralelos respaldados por las instituciones del Estado, convirtiéndolos en apéndices de la política gestada desde el Palacio de Misia Jacinta. Además, impulsó leyes contra los trabajadores al estipular como delitos los paros, movilizaciones y huelgas en muchos sectores laborales (Ley sobre el Estatuto de la Función Pública 2002). Además, no podemos olvidar las modificaciones que se dieron durante su mandato a leyes clave, como el Subsistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral (1999) y el Subsistema de Pensiones y Salud Pública (2012). Recordemos lo afirmado por el Tte. coronel “En revolución, los sindicatos deben desaparecer” (2005).

Paradójicamente, el chaveco-madurismo, a pesar de su retórica antineoliberal, ha implementado políticas que reflejan una orientación neoliberal globalizante, como es el caso de la creciente precarización del mercado laboral. Estrategia que reproduce las recetas promovidas por organismos financieros internacionales en su búsqueda por abaratar los costos de producción a expensas de la eliminación de las conquistas sociales de los trabajadores. La precarización del empleo se ha materializado a través de la creación de puestos de trabajo de baja estabilidad, (empleos temporales) como las misiones sociales, las cooperativas, el programa "chamba juvenil" y las Brigadas Comunitarias Militares. Sin olvidar las Zonas Económicas Especiales (Estados Aragua, Falcon, La Guaira, etc.), emporios de esclavitud laboral donde la legislación aprobada (20/7/22) no garantiza la estabilidad laboral, ni salarios justos, ni prestaciones sociales y priva a los trabajadores del derecho a sindicarse. La precarización impuesta por el chaveco-madurismo se ha evidenciado en la falta de seguridad laboral y la imposición de salarios pírricos (salario mínimo ronda los $5) en una economía hiperinflacionaria y dolarizada. Además, han eliminado las convenciones colectivas y beneficios laborales como la caja de ahorro y los seguros de cirugía, maternidad y hospitalización e impuesto la siniestra bonificación salarial (Bonos de la Patria). El chaveco-madurismo ha marcado un retroceso sin precedentes en las condiciones salariales y la calidad de vida de los trabajadores en Venezuela.

Si le diéramos crédito a la retórica chaveco-madurista de su pretendido compromiso con los trabajadores venezolanos entonces podríamos preguntamos ¿Por qué la indolencia del régimen ante el justo reclamo de los trabajadores por un ingreso salarial justo, mientras la corrupción depreda miles de millones de dólares? ¿Por qué se recurre a la perversa bonificación del ingreso del trabajador, la cual fue cuestionada por quienes hoy dirigen el proyecto de dominación? ¿Por qué se reprime y persigue a los sindicatos y líderes sindicales que han expresado inconformidad? ¿Por qué se ha promovido y profundizado el control del Estado sobre los sindicatos? ¿Por qué se eliminó la discusión de las contrataciones colectivas? Además, ¿Por qué se continúa mintiendo al atribuir el caos salarial a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Comunidad Europea, cuando el deterioro del salario comenzó mucho antes de la aplicación de dichas sanciones? 

El movimiento sindical venezolano se encuentra ante desafíos monumentales. La represión por parte del régimen de Maduro ha alcanzado niveles alarmantes. Este clima de intimidación y control ha generado un ambiente de temor generalizado, en el cual los trabajadores se han visto obligados a renunciar a la participación en la protesta por sus derechos y reivindicaciones.

El proyecto chaveco-madurista no es un aliado, ni un defensor de los intereses de la clase obrera, a pesar de su pretensión de presentarse como un gobierno de tendencia "obrerista”. El chaveco-madurita encarna uno de los proyectos más anti-obreros y represivos en la historia contemporánea de nuestro país.

El socialismo del siglo XXI: una narrativa falaz

El tte coronel llega al poder (1998) con un relato político basado en los pensamientos de Bolívar, Rodríguez y Zamora y en lo económico reivindicando un capitalismo con rostro humano (capitalismo renano-social), para luego identificarse con la propuesta de “La Tercera Vía” de Tony Blair. En su mimetismo ideológico, se autodefinió como zapatista, villista, seguidor de Cristo, José Martí, Perón, Omar Torrijos, Juan Velasco Alvarado y Fidel Castro. Sin embargo, para su proyecto autoritario, expropió semánticamente la palabra socialismo para darle forma a su desvarío despótico. Coartada narrativa que bautizó como socialismo del siglo XXI (25/2/2005), la cual le ha servido como un estandarte falaz en tiempos de turbulencia política. 

La narrativa socialismo del siglo XXI es de corte bonapartista-plebiscitaria y representa una de las mayores falsificaciones históricas de nuestro tiempo. Se trata de una coartada ideológica y militarista orientada a legitimar el más corrupto, despótico, y siniestro ejercicio de poder. Deriva autoritaria que hizo suya la vieja noción del “amigo-enemigo” doctrina originaria del jurista alemán Carl Schmitt, que criminaliza la crítica y propugna la identificación, persecución y neutralización del enemigo (entiéndase cualquiera que no apoya al proyecto político gobernante). 

Bajo el señuelo de un antimperialismo militante, el socialismo del siglo XXI ha impulsado Leyes antinacionales como las de las Zonas Económicas Especiales, la Ley Antibloqueo, la creación de las empresas mixtas, las concesiones de gas natural o el Arco Minero del Orinoco, que representan la profundización del proceso de neoliberalización del país y de entrega de la soberanía nacional. Al margen de la “retórica antiimperialista tapa amarilla” hay en marcha un proceso concertado de venta del país entre un Estado corrupto y el gran capital hambriento de mayores guanacias (Chevron-Texaco, Conoco-Phillips, Anglo American Coal, Ruhrkohle, Inter American Coal, etc.). 

El socialismo del siglo XXI acalla y reprime la lucha de los trabajadores y los somete a una perversa precarización laboral (salarios pírricos, puestos temporales, bonificaciones, etc.). Ha modificado o eliminado leyes consagradas a la defensa de los derechos de los trabajadores, ha intervenido sindicatos y ha criminalizado y judicializando las luchas sindicales (Ley sobre el Estatuto de la Función Pública, 13/11/2001). Cientos de trabajadores ha sido victimas de medidas judiciales-represivas impuestas por jueces complacientes y genuflexos al servicio del inquilino de Miraflores. Prueba de ello ha sido la reciente condena de 6 dirigentes sindicales y vecinales a 16 años de prisión. Paradójicamente, se imponen condenas severas contra seis trabajadores honestos, mientras que delincuentes de la talla de Tareck El Aissami sigue en libertad y otros como Alex Saad lo han elevado al pináculo de héroe nacional.

La construcción del modelo económico socialista bolivariano (estatismo aberrante) ha provocado que nuestra economía sea una de las más miserables del mundo con un alto índice de recesión, inflación y desempleo. Aproximadamente un tercio de la población sufre de inseguridad alimentaria o malnutrición y más del 82% vive por debajo del umbral de pobreza extrema. El mentiroso socialismo bolivariano ha provocado un incremento de los niveles de desigualdad similares a los registran países como Namibia, Mozambique o Angola. Cabe acotar, que si bien las sanciones impuestas por la Casa Blanca (que no comparto) han afectado la disponibilidad de recursos por parte régimen, no menos es cierto que la crisis económica-humanitaria-social comenzó mucho antes de la imposición de las sanciones por parte de la Casa Blanca.

En la esfera internacional, el socialismo bolivariano ha cerrado filas con los regímenes más autoritarios y criminales del planeta (Rusia, China, Siria, e Irán). Igualmente, ha apoyado la “engañosa y falaz” multipolaridad. A pesar de que el bloque de naciones impulsoras de la multipolaridad, la definen como una asociación de integración y cooperación comercial eludiendo toda definición política, en la praxis la multipolaridad representa un plan ideológico y político explícitamente antidemocrático, promovido por los autoritarismos globales como el de Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping de China, y Alí Jamenei de Irán. Representa una tribuna para el discurso fascista ruso, antidemocrático chino y teocrático iraní. ¿Garantiza la multipolaridad el fin del imperialismo? No, todo lo contrario, generara una multipolaridad imperialista. ¿Augura la multipolaridad el cese de la explotación capitalista? Tampoco, los actores que lo impulsan mantienen relaciones de producción tan capitalista como lo que dicen confrontar, pero aderezados con poderes absolutos, obediencia ciega y sumisión. 

El socialismo bolivariano representa un lastre militarista, estatista, antiobrero y represor que recurre a la fraseología izquierdista como simulación ideológica y estrategia de supervivencia. La pobreza, la marginación y la exclusión social no han desaparecido, sino que se han agudizado.

¿Primaria con candidatos inhabilitados?

La oposición venezolana después de transitar erráticos atajos y desaciertos políticos que culminaron en derrotas de proporciones épicas ha decidido retomar la ruta electoral. Las guarimbas del 2014 y 2017 que dejaron un amplio saldo de personas fallecidas, heridos y presos políticos, la inexplicable política abstencionista a pesar de un amplio rechazo al gobierno de Maduro y su proyecto facho-bolivariano, la autoproclamación fallida de Guaidó como presidente interino, el intento de golpe de Estado en 2019 y el desastroso episodio de la invasión de Macuto en 2020, representan algunos de los errores costosos de la oposición. Políticas que le permitieron al chaveco-madurismo cohesionarse en lo interno y consolidarse en el poder  

Sin un reconocimiento autocrítico de los errores del pasado la otrora oposición abstencionista ha cambiado intempestivamente su postura y ahora muestra su voluntad de rescatar la ruta electoral como vía para el retorno de la democracia. Ha manifestado su interés en participar en unas elecciones primarias, que tienen como objetivo el seleccionar un candidato unitario que pueda enfrentar al actual inquilino de Miraflores en la contienda prevista para el año 2024. Es evidente que las primarias representan un mecanismo clave para consolidar una candidatura fuerte y unida, capaz de representar una alternativa sólida y legítima para el electorado venezolano.

No obstante, la presencia de candidatos inhabilitados en las primarias (María Corina, Capriles y Superlano) es un asunto polémico. Si bien es cierto que las inhabilitaciones forman parte de las prácticas arbitrarias del régimen autoritario de Maduro, que busca impedir la participación de opositores en contiendas electorales, también es cierto que estas sanciones impiden la posibilidad de los inhabilitados de participar en los procesos electorales.

Es fundamental abordar esta cuestión con un enfoque objetivo. Por un lado, es necesario condenar enérgicamente las inhabilitaciones arbitrarias impuestas por el régimen para silenciar a la oposición y socavar la democracia. Por otro lado, debemos reconocer que las inhabilitaciones, aunque impuestas de manera injusta e ilegal, aún representan un impedimento legal que afecta su participación como candidatos en la contienda electoral.

Es necesario destacar que haber permitido la inscripción de candidatos inhabilitados en la primaria ha sido un error del Comité Organizador, ya que debilita la legitimidad del proceso y socava la credibilidad del resultado. Estos candidatos al no cumplir con los requisitos para ser elegibles a cargos públicos generan incertidumbre, frustración y falsas expectativas. Se está eligiendo a un candidato que independientemente del respaldo popular que reciba no podrá inscribir su candidatura ante el CNE y por ende participar en las elecciones presidenciales del 2024. Surge la pregunta impertinente ¿para qué escoger a un candidato que no podrá inscribirse ante el CNE y por consiguiente no podrá optar a la Presidencia de la República?

Algunos argumentan que su participación es una forma de protesta contra las restricciones políticas impuestas por el régimen autoritario de Maduro. Además, sostienen la premisa equivocada de que un candidato inhabilitado, pero con una amplia base de apoyo en las primarias, podría obligar al régimen a revisar las decisiones de inhabilitación. Parecen olvidar el carácter antidemocrático del régimen de Maduro o simplemente detrás de este “finteo electoral”, se esconde una salida confrontacional que sólo contribuirá agravar la polarización y a dilapidar, una vez más, la oportunidad de un cambio político en el país. Escuchar decir a una candidata que ignora su inhabilitación, que no reconoce al CNE, que invoca a la Fuerza Armada, que habla de desobediencia civil y afirma que llegará “hasta el final”, perturba. Ya Andrés Caleca candidato independiente a las primarias del próximo 22 de octubre lo advirtió “Conmigo no cuenten para abandonar la ruta electoral”.

Es evidente que la intención del voto a favor de la oposición es abrumadoramente mayoritaria entre los venezolanos. Una eventual participación unitaria de la oposición permitiría desplazar al facho-chaveco-madurismo del poder. Ello al margen de que Maduro y su mayoría del CNE otorguen o no las condiciones para tener un proceso competitivo y transparente propio de las democracias pluralistas. La oposición debe realizar una recomposición política sin exclusiones, ni arrogancias que priorice sinceramente el hecho electoral como la vía fundamental para resolver las contradicciones existentes en nuestra sociedad. Debe avocarse a la elaboración de un programa de consenso entre los candidatos, con propuestas sólidas y coherentes que respondan a las necesidades y aspiraciones de las grandes mayorías. Es importante entender que debemos de enfrentar los desafíos del país de manera realista y constructiva y no mediante propuestas maniqueas (bien contra el mal), mesiánicas salvadoras o acciones vengativas extremas.

La militarización de López Obrador

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) primero como líder de la oposición y luego en su campaña presidencial de 2018, denunció el creciente uso de las fuerzas armadas para la seguridad ciudadana y combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Política de larga data, pero que se intensificó bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La promesa electoral de retornar a los militares a los cuarteles le permitió lograr el apoyo amplio sectores de la sociedad mexicana, pues ello implicaba la rectificación de una política fallida como lo había sido el de militarizar la seguridad ciudadana. Militarización que no se ha traducido en un debilitamiento de los cárteles del narcotráfico, pero si a un incremento de la violencia criminal y de sistemáticas violaciones de los derechos humanos por parte de los militares. 

Lamentablemente, AMLO poco después de asumir el cargo como presidente de la República olvidó su promesa de desmilitarizar el país y retornar a los uniformados a los cuarteles. Sus primeros pasos en su nefasta política de militarización del país fueron ratificar la salvaguarda de la seguridad y el orden ciudadano en manos de las fuerzas armadas (política cuestionada previamente), así como impulsar una reforma constitucional (2019) que implicó la creación de una nueva fuerza militarizada, la Guardia Nacional y su transferencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la secretaria de la Defensa Nacional que aglutina al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.

El bajo el mandato de AMLO, el país ha sufrido una militarización progresiva, las fuerzas armadas mexicanas han asumido roles políticos y económicos sin precedentes. y se han vuelto omnipresentes. Hoy, el Ejército, la Fuerza Área y la Armada de México construyen aeropuertos y ferrocarriles, administran los puertos del país, controlan las aduanas, resguardan sistemas de transporte público, distribuyen ayuda financiera a los pobres, implementan programas sociales, combaten al narcotráfico y detienen a inmigrantes. El Índice Nacional de Militarización elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas ha indicado que 246 actividades que antes estaban en manos de civiles ahora son responsabilidad del mundo militar, incluyendo la seguridad ciudadana. 

Aparentemente, AMLO no aprendió la lección del fracaso de la militarización como estrategia en la guerra contra las drogas en América Latina, particularmente en Perú y Colombia. Al igual que las experiencias anteriores, el uso de las fuerzas armadas para el combate del narcotráfico en México ha sido una estrategia de seguridad fallida que, además, ha tenido como efecto el aumento en las violaciones a los derechos humanos. El uso de las Fuerzas Armadas no se ha traducido en reducir los niveles de violencia y lograr la pacificación del país, pero sí ha costado la vida, la libertad y la integridad de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias.

Desgraciadamente, AMLO y su partido MORENA no están dispuestos a limitar el accionar de las Fuerzas Armadas porque está gobernando con ellas. AMLO ha recurrido a la unión cívico-militar de impronta chavista para consolidar su autoritarismo y afianzar la criminalización del disenso. En su visión autoritaria considera que la bota militar es una pieza fundamental para garantizar la continuidad de su batiburrillo populista bautizado como la “Cuarta Transformación”. 

La realidad es que las organizaciones criminales se han expandido por todo el país y una espiral de violencia sacude a México. La militarización de la seguridad convive con el control de territorios y poblaciones y con la intensificación de la violencia que ejercen los diversos grupos del crimen organizado. Los recientes sucesos Culiacán a raíz de la detención Ovidio Guzmán demuestran como el crimen organizado han socavado el poder del Estado mexicano.

La militarización de la lucha contra las drogas de AMLO no está funcionando. El control territorial y la violencia propiciada por los carteles del narcotráfico es cada vez mayor ante la incapacidad del Estado mexicano de garantizar la seguridad y la paz.